Tus derechos terminan donde comienzan los míos, un contundente adagio poco frecuentado en el mundo mediático paraguayo. El ejercicio de la prensa en las pasadas elecciones genera todo tipo de controversias por los mensajes de odio y división.
A través de un comunicado a la opinión pública el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), manejado desde hace años por la misma estructura de poder interno que persigue ideologías foráneas, lamenta lo que califica de “amedrentamiento” al libre ejercicio de la prensa por parte de agentes fiscales involucrados en la investigación de hechos ilícitos enmarcados en la denuncia del ex presidente de la República Horacio Cartes por persecución política contra personas innominadas.
En la particular óptica del SPP, el Ministerio Público está a las puertas de una violación del sagrado derecho del ejercicio del periodismo sin más limitaciones que la responsabilidad en el manejo de la información.
A través de un medio efrainista afín al abdismo, el secretario general del SPP, Santiago Ortiz, apeló al fiscal general del Estado Emiliano Rolón a detener lo que considera peligroso sesgo dictatorial del Ministerio Público en referencia a sendos oficios remitidos a los diarios ABC Color y Ultima Hora -hermanos del alma en la causa contra el cartismo- para informar acerca de periodistas que publicaron acerca de Cartes en la campaña electoral donde, se sabe, ambos medios estuvieron involucrados hasta los tuétanos con el continuismo y el globalismo multicolor.
Luego de hacer declaraciones sobre el supuesto acoso judicial que tiene entre otros supuestos fines obligar a los periodistas señalados a revelar sus fuentes de información, en contra de la ley, y colocarles en una situación intimidante, Ortiz denunció la violación abierta a la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada.
Los dos holdings mediáticos afectados por la medida fiscal también señalan que son objeto de “amedrentamiento” y hablan de “dictadura” a la hora de poner sobre la mesa los cuestionados pedidos de informe.
El tema es motivo de controversia en las redes sociales, el sitio elegido por la ciudadanía para evacuar sus opiniones, quejas y denuncias.
“Cuando se trata de defender los intereses exclusivos de ellos y de sus patrones mediáticos jamás importaron la Constitución Nacional que consagra el derecho de terceros, así como leyes y reglamentaciones de rigor acerca de las publicaciones responsables, esto es, consagrando en todos los casos no solo la dignidad de las personas sino también el derecho que tienen esas mismas personas a la defensa o la réplica”, divulga Salomón Matiauda.
El indignado sostiene que “en este caso también se puede aplicar el viejo dicho de que tus derechos terminan donde comienzan los míos”, haciendo referencia explícita al “libertinaje” utilizado por los periodistas a la hora de desacreditar o criticar a una persona marcada como “no amiga” o “enemiga” por los dueños de los medios donde prestan sus servicios.
El caso tiene relación con la denuncia por persecución política entablada por el ex presidente de la República Horacio Cartes contra personas innominadas que, según su óptica, le persiguieron a matar en la reciente época electoral y tanto él como su familia y sus empresas con millares de empleados han sido objeto de una persecución cruel, perversa y despiadada con el solo objetivo de “pulverizar” su figura política y mantener vivo el esquema continuista con beneficios y facturaciones multimillonarias para los amigos del poder, entre ellos los dueños de los holdings mediáticos.
“Jamás respetaron principios consagrados de respeto y celo por el manejo responsable de la información sino todo lo contrario, se involucraron en la guerra sucia del gobierno y la oposición contra el enemigo común, y ahora se ponen a ladrar en busca de apoyo”, tiroteó el indignado Miguel A. Delmás.
Otros ciudadanos, sin embargo, destacaron la labor de la prensa en la pasada campaña electoral.
“Los periodistas no tienen la culpa de las órdenes que reciben de sus jefes”, posteó otro ciudadano en desconocimiento de leyes que regulan la actividad de la prensa y, entre otras limitaciones, atribuyen responsabilidad civil y penal a quienes cometen delitos comunes o abusos contra las personas en el ejercicio de su actividad periodística.