Los aliados aplican delirantes acusaciones contra el gobierno en busca de impunidad para su líder Marito, embretado como está por graves delitos contra la patria. Terminaron los negociados y licitaciones dirigidas, y buscan recuperar con infamias y ataques la pelada en las urnas.
Desde el inicio del gobierno de Santiago Peña, aliados libero-abdistas, con el respaldo incondicional de la embajada americana y el cardenal Adalberto Martínez -que obedece al pie de la letra el libreto opositor y lo transmite en las homilías- manejan con harta frecuencia términos peligrosos como “dictadura”, “quiebre institucional”, “terrorismo de Estado”, y otros variados e ingeniosos términos elucubrados con el único gran objetivo de debilitar al gobierno nacional en el consenso de las naciones y, al mismo tiempo, lograr el ansiado blindaje del amigo Mario Abdo Benítez y ex ministros metidos hasta los tuétanos en la entrega generosa de documentos de alto valor confidencial para ser divulgados al pueblo-electorado por medios de prensa amigos (cómplices), si es posible de la forma más perversa, infame y grotesta como de hecho ocurrió.
El objetivo era firme: pulverizar las chances electorales del adversario político, devenido en enemigo mortal, Horacio Cartes, quien presentaba como candidato del movimiento Honor Colorado al intelectual Santiago Peña, de intachables antecedentes que, de esta manera, también entró en el bolillero de ataques inmisericordes, sin ningún derecho a la defensa o siquiera la posibilidad de aclarar los infundios institucionalizados.
Marito significaba mucho más que un amigo para los aliados (oposición y empresas mediáticas) porque se ha encargado de volver aún más ricos a los dueños de los medios a través de opíparos negocios como las licitaciones direccionadas y otros tipos de “detalles” comerciales que, en la práctica, significaron miles de millones de guaraníes de facturación a costa del contribuyente.
Pero eso no era todo porque, según la denuncia arrimada al Ministerio Público por el expresidente Cartes en su demanda a Marito por persecución política, este utilizó su influencia para la impunidad de algunos dueños de holdings de prensa sospechados de actividades ilícitas, entre ellas el contrabando a gran escala desde países limítrofes y China, y el lavado de activos, entre otros rebusques.
La alianza opositora, en la cual aparecen conocidos rostros cubiertos de cuestionamientos, acusa al gobierno de Peña de “dictadura” por construir mayorías, irónicamente con exponentes de la misma carpa antagónica, y de propiciar el “terrorismo de Estado” por supuestas “persecuciones”, en referencia a la imputación de Marito y exministros, acusados de pervertir hasta el grado de “traición a los intereses de la Patria” algunas instituciones estratégicas del Estado paraguayo como la Senad, Seprelad y Senac, a cargo de tres exfiscales como Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y René Fernández, quienes enfrentan una lucha aparte por documentos que les incriminan gravemente en delitos penales y contra el Estado paraguayo denunciados por Cartes.
Es de esperar que el gobierno nacional, el Poder Judicial y el Poder Legislativo no se dejen engañar por esta verdadera cruzada de perversión que, nuevamente, llevan a la práctica aliados abdistas y opositores a través de la prensa “independiente”, con el solidario acompañamiento de la embajada americana y la Iglesia Católica paraguaya con sus religiosos convertidos en activistas políticos, en su caso opositores recalcitrantes.