Amiga y abogada de Marito, la Pérez alerta sobre una «dictadura judicial» como parte de delirantes argumentos esgrimidos por chicaneros en defensa de sus clientes, que cargan sobre sus hombros nada menos que 41 evidencias de prostitución de la función pública con fines electorales.
Los chicaneros no duermen. A esta conclusión llegan referentes del cartismo y del oficialismo colorado en el poder que siguen con atención el desarrollo de la imputación contra el expresidente Mario Abdo Benítez y exministros por 7 delitos de acción penal pública en el ejercicio de sus respectivos cargos oficiales, castigados con varios años de cárcel.
Haciendo uso y abuso de la prensa amiga, abogados chicaneros sacan de la galera argumentos técnicamente delirantes para poner en situación de víctimas a sus clientes y, de paso, echar leña sobre el cartismo en la misma intensidad y perversión a lo practicado en el gobierno de Marito, cuando las instituciones públicas oficiaron de PC del comando abdista y aliados opositores-mediáticos.
Precisamente estos hechos motivaron la reacción del expresidente Horacio Cartes al presentar su denuncia penal que, a más de Abdo Benítez, compromete en grado protagónico a los ex ministros de la Senad, Arnaldo Giuzzio; Seprelad, Carlos Arregui, y Senac, René Fernández, entre otros 7 altos jerarcas imputados por filtración de documentos sensibles, producción y uso de documentos de contenido falso, asociación ilícita y otros delitos cometidos en el contexto de la “persecución política” denunciada por Cartes.
Enunciaciones creativas aunque carentes de valor jurídico son esgrimidas a diario por los holdings mediáticos aliados al líbero-abdismo en la desesperada intención de lograr la impunidad de su líder, vinculado hasta la médula en actividades ilegítimas y en negociados de bulto, entre ellos los incontables “pactos de caballeros” con dueños de empresas periodísticas beneficiados con multimillonarias licitaciones a medida, contrabando en gran escala e impunidad en casos sospechosos de lavado de dinero, entre otros.
Otro argumento utilizado por conocidos abogados expertos en trampas jurídicas afirma con vehemencia que los fiscales acusadores del amigo Marito y exministros obtuvieron documentación comprometedora por debajo de la mesa o sin permiso de sus clientes, contaminando de esta manera el proceso jurídico e invalidando las imputaciones.
Este lunes, la chicanera abdista Cecilia Pérez denuncia por un medio amigo la existencia de una “dictadura judicial”, buscando puntos para pasar por alto el contenido de la denuncia fiscal que cuenta nada menos con 41 pruebas, documentos y evidencias de los delitos denunciados, según informa un diario de Asunción no vinculado a la “alianza opositora”.
Mañana martes se presenta una jornada crucial en el Congreso Nacional, adonde fueron citados a declarar abogados de la defensa para tratar de aclarar, explicar o desvirtuar las graves acusaciones contra sus clientes ante la atención generalizada del país y del exterior, que siguen de cerca los acontecimientos de esta cruzada que busca justicia en los casos puntuales de instituciones -a partir de la propia Presidencia de la República- que fueron prostituidas al solo efecto de blindar la corrupción de Marito, pulverizar las chances del cartismo acechante y entronar de nuevo en el poder a los aliados manejados entre bambalinas por la perversa Agenda 2030, entre otros múltiples objetivos.