Entre las evidencias de los ediles se observa el desborde del hermoso río Piribebuy este lunes en la zona del basural nauseabundo autorizado de forma criminal por el Mades y el intendente Filippi Vera, en una muestra de desprecio por la vida, la seguridad y el bienestar de la gente.
No se trata de nada nuevo, sino de una vieja práctica impune en la cúpula del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) que, desde la época de la criticada Secretaría del Ambiente (Seam), es blanco de reproches por violar sus propias leyes ambientales con el propósito de priorizar los intereses de empresas o agentes de poder.
El tema viene al caso de un escándalo de proporciones generado por la construcción de un enorme vertedero en una zona rodeada de poblaciones, río, arroyos y medio ambiente saludable que precipitó ser declarado como “área protegida” y, por tanto, libre de cualquier intervención externa que ponga en peligro su integridad, como de hecho ha ocurrido con el aterrizaje de la empresa CH4 del millonario empresario Blas Lanzoni.
Se desconoce aún la fórmula que utilizó el caudillo liberal para convencer al Mades y lograr la resolución que autoriza la construcción del nauseabundo basural en las narices de la gente, pero lo cierto es que los pobladores de Arroyos y Esteros hicieron causa común para oponerse con manifestaciones de protesta pública y notas a diestra y siniestra que no han tenido respuesta de las instancias responsables.
Debido a la situación, y ante la amenaza de que la iniciada construcción continúa tan campante, la Junta Municipal decidió en mayoría instruir sumario administrativo a la empresa CH4 tras declararla responsable de generar el conflicto de intereses que, en todos los casos, según afirma, atenta directamente contra el derecho de los ciudadanos de convivir en un ambiente saludable, digno y amigable con el medio ambiente.
CH4 está acusada de violar el artículo 11º de la Ley Nº 294/93 “De evaluación de impacto ambiental” y sus reglamentaciones correspondientes, entre ellos el artículo 28º de la Ley 3239/07 “De los recursos hídricos del Paraguay” y la Ley Nº 3956/09 “De gestión integral de residuos sólidos en la República del Paraguay”, entre otros.
Esta misma argumentación será utilizada para denunciar al Mades, señalaron fuentes del legislativo municipal arroyense, que informaron acerca de su intención de avanzar “hasta las últimas consecuencias” en la investigación y castigo “para todos y cada uno de los responsables de este atentado criminal contra los derechos humanos de la gente”, afirmó vehemente el titular del cuerpo legislativo comunal, Edgar Ovelar.
Ovelar ha logrado instalar conciencia ciudadana acerca del grave momento que enfrenta la otrora pacífica comunidad frente a la fuerza bruta de autoridades que, como el propio intendente municipal, José Filippi Vera, han traicionado arteramente su compromiso de velar por la seguridad y bienestar ciudadana al solo efecto de priorizar sus negociados, en este caso la construcción del odiado vertedero en medio de comunidades pobladas, ríos, arroyos y medio ambiente 100 por ciento natural.
El gobernador departamental, Denis Lichi, ha dado parte de ausente en todo este tiempo ante la situación declarada, a pesar de su condición de nacido en Arroyos y Esteros que, en este caso, “jamás importó porque evidentemente tiene intereses más poderosos que la simple condición de ciudadano arroyense”, expresa uno de los centenares de posteos divulgados por indignados en las redes sociales contra “autoridades que no nos representan, pero ya tendrán su merecido el día que acudan a nosotros a pedir votos”.