Marito muestra cercanía con la entonces senadora zurda Desirée Masi, considerada brazo articulador de la feroz persecución contra el cartismo con la venia del cardenal Martínez y medios amigados en negociados feroces. El expresidente lucha para no ir preso.
Con apenas dos senadores que imposibilitan la mayoría de dos tercios establecida por la ley para retirar el fuero a un expresidente de la República, sigue empantanada en la Corte la denuncia contra Mario Abdo Benítez por persecución política durante la pasada campaña política con miras a las elecciones generales de abril del 2023.
Con la ayuda de la oposición agavillada y medios autocalificados de independientes, Marito permanece aún libre de la garra de la justicia y hace alarde de conciencia limpia mientras adherentes del cartismo que alegan haber sufrido la peor infamia electoral de la historia política del Paraguay claman a gritos que se haga justicia y que el culpable directo de los hechos denunciados vaya a parar con sus huesos a la cárcel.
Mientras el expresidente pelea una lucha aparte en el Congreso para esquivar a la ley, parte de su gavilla empotrada en el gabinete abdista hace su parte para evitar la prisión por su vinculación documentada en siete delitos penales discriminados por la denuncia que involucran en grado protagónico al exministro de la Senad, Arnaldo Giuzzio, y al extitular de la Seprelad, Carlos Arregui, considerados “verdugos” del cartismo junto con el titular de la Senac (institución de lucha contra la corrupción) René Fernández, entre otros 7 acusados.
La propia prensa autocalificada de independiente ha sido salpicada por la denuncia del expresidente Horacio Cartes, quien según sus abogados ha sido víctima de una persecución cruel, perversa y endemoniada de parte de los aliados capitaneados por Abdo Benítez, secundados a pie juntillas por la oposición líbero-zurda.
La propia iglesia paraguaya, con el cardenal y religiosos católicos devenidos en militantes ideológicos asociados al poder de entonces, se asociaron a las persecuciones condimentadas con ofensas personales y familiares, difamaciones y calumnias feroces, abusando en grado sumo de la libertad de expresión y sin aportar pruebas, convirtiendo los templos en bastiones opositores.
La denuncia presentada por Cartes contiene datos relevantes que justifican las imputaciones, coinciden abogados de la acusación tras lamentar las trampas jurídicas de los exministros acusados que, de acuerdo a los datos, usaron y abusaron de sus prerrogativas para urdir y llevar a la práctica la cruel y perversa persecución electoral.
Fuentes de la denuncia contabilizaron hasta el momento 12 chicanas interpuestas por los acusados y señalaron la necesidad de que, ante la lógica posibilidad de que se incrementen de forma sostenida las argucias jurídicas con el transcurrir de los días, la Corte haga uso de leyes que reprimen y sancionan este tipo de maniobras, como condición ineludible para la prosecución de las causas.
Jefes y funcionarios públicos que fueron echados a la calle solo por no comulgar con el abdismo y la oposición agavillada, y tildados de “cartistas”, figuran entre los afectados que piden a gritos justicia en las causas.
“Mientras no veamos a Marito y su pandilla entre rejas en Tacumbú no vamos a estar tranquilos mientras la ansiedad carcome nuestra paciencia”, posteó en su sitio social un indignado, quien dijo que con el nuevo gobierno aún no recupera su puesto laboral en contraposición “a muchos abdistas que nos trataron como basura y hoy día gozan en la función pública de la mano de quienes fueron nuestros verdugos”.