Martínez mantiene un marco de cordialidad en sus reuniones con el presidente, pero el escenario cambia en los atriles, cuando el cardenal cumple la agenda de la oposición a rajatablas y dispara veneno contra el gobierno y el oficialismo en un discurso calcado de los medios anti-familia.
El cardenal Adalberto Martínez pidió al presidente Santiago Peña que defienda los intereses y la cultura de la familia tradicional paraguaya en vísperas de la anual reunión del Mercosur a realizarse en Paraguay el próximo 4 de julio.
El religioso que representa al Papa en Paraguay afirmó en su sitio social que una de las recomendaciones está basada en la defensa de la vida y la familia, en referencia a resoluciones aprobadas en otros países “que son contrarias a nuestras tradiciones culturales”, entre otros conceptos.
La postura clara de la Iglesia Católica en este caso específico se contrapone a la política de diversidad preconizada cada vez con más repitencia en países que alegan confesar la religión romana y el cheque en blanco otorgado directa o indirectamente a la Agenda 2030 para instalar la ideología de género en la sociedad a través del matrimonio igualitario y la aprobación implícita del cambio de sexo, según voluntad del interesado.
Estas muestras de perversión sexual son calificadas de “anatema” por la Biblia o, lo que es lo mismo, la Palabra de Dios extendida a través del Evangelio cristiano en todos los templos cristianos del mundo.
El gobierno de Peña, desde un primer momento, ha sentado postura firme en favor de la trilogía padre, madre e hijos como componentes únicos de la familia tradicional paraguaya defendida por la Iglesia, que ahora sufre de crisis de identidad ante la presión y el acoso insolente de la generación perversa, que quiere imponer a rajatablas su agenda de degradación existencial, moral y religiosa.
De acuerdo a los datos, Peña prometió al cardenal no salirse de la línea trazada por su gobierno en defensa de la vida y la familia del Paraguay.
El cardenal informó que también hablaron con Peña sobre la necesidad de defender ante la ONU el marco institucional y la soberanía de la República del Paraguay que durante el pasado gobierno fueron rifados cuando el entonces presidente Abdo Benítez entregó complaciente las llaves del país al globalismo apátrida, con la complicidad de la oposición y medios aliados.