Los resultados y reflexiones del programa fueron expuestos en detalles por los especialistas encargados de entrenar a los miles de profesionales en el manejo del Estado de Derecho y el sistema de justicia.
En cuanto al desarrollo profesional docente, se realizaron más de 164 iniciativas de capacitación con un total de 10.744 participantes, y se consolidó una comunidad de práctica docente entre las universidades y los centros de entrenamiento del sistema de justicia.
El Programa Estado de Derecho y Cultura de la Integridad, tras cinco años de trabajo conjunto con sus ocho instituciones aliadas, celebró su cierre en un evento que reunió a beneficiarios, autoridades, docentes, estudiantes y miembros del Sistema de Justicia.
Este programa fue implementado por el Instituto Desarrollo (ID) con el apoyo técnico y financiero de USAID, con el objetivo de fortalecer a las Instituciones de Educación Superior (IES) y a profesionales vinculados al sistema de justicia en Paraguay.
La actividad de cierre comenzó con las palabras del Dr. José Molinas Vega del ID y la Sra. Chantal Agarwal, asesora de Democracia y Gobernabilidad de USAID Paraguay.
“La vigencia del Estado de Derecho y de la cultura de la legalidad son claves para el desarrollo de todos los países. Para avanzar hacia estos objetivos, la educación es un medio fundamental, de ahí la importancia de este programa, que ha unido a instituciones de Paraguay y de los Estados Unidos con el fin de mejorar la calidad de la educación jurídica y contribuir a reformas en el sector judicial», afirmó Agarwal.
Este programa se centró en varios pilares para mejorar el estado de derecho, como el desarrollo curricular y profesional docente, la extensión universitaria, la investigación y la mejora de la calidad de los profesionales jurídicos a través de la educación, en conjunto con las instituciones aliadas: la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNA, Universidad Nacional de Canindeyú, Universidad Nacional de Concepción, Universidad Nacional del Este, Centro de Entrenamiento del Ministerio Público, Centro Internacional de Estudios Judiciales de la Corte Suprema de Justicia, Escuela Judicial – Consejo de la Magistratura y el Instituto Técnico Superior – Ministerio de la Defensa Pública.
En ese contexto, se logró la actualización e implementación de más de 45 programas de estudio actualizados en las facultades de Derecho, beneficiando a más de 590 estudiantes de la UNE y la UNICAN.
En el ámbito de la extensión universitaria, se creó una Incubadora de Proyectos de Responsabilidad Social Universitaria (IPRESU) con más de 17 proyectos de extensión implementados y evaluados.
Además, 78 estudiantes participaron en el programa “Oportunidades de Trayectoria Profesional”, abriendo un abanico de posibilidades para el inicio de prácticas profesionales entre los estudiantes de Derecho.
Wilson Gómez, estudiante de Derecho UNA, destacó que tuvo la oportunidad no solo de trabajar con profesionales destacados, sino de acceder a nuevas herramientas como bibliotecas jurídicas y participar en la elaboración de un artículo científico.
En cuanto a investigación, se creó y consolidó un «semillero de investigación» entre las instituciones aliadas, donde se produjeron más de 96 investigaciones, enriqueciendo los debates sobre el Estado de Derecho y la integridad.
Como herramienta complementaria a la investigación, se estableció un Observatorio del Estado de Derecho en Paraguay (OEDPy), que cuenta con más de 114 indicadores del sistema de justicia.
Para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de todas estas iniciativas, se implementó siete veces de manera piloto el Programa de Certificación Voluntaria Profesional en Servicios Legales, con la participación de más de 819 abogados en Paraguay.
Esta innovadora iniciativa tiene como objetivo evaluar y mejorar las competencias y la calidad profesional de los abogados en el país.
«Estamos entusiasmados en seguir con el proceso de institucionalizar el Servicio de Evaluación de Competencias Jurídicas. Consideramos que esta iniciativa es un nivel más para conocer a profundidad el sistema de evaluación en sí del país, buscando la transparencia a través de la calidad de sus profesionales», expresó Silvia Acha, miembro titular del Colegio de Abogados del Paraguay.
Con el firme compromiso de las instituciones aliadas, se asegurará que los logros alcanzados se mantengan y sean sostenibles a largo plazo, promoviendo una sociedad más justa e íntegra, según se informó.