Astrea en apuros. Un estudio jurídico pide inconstitucionalidad de la Constitución, grafica Leite tras señalar que los pedidos de informe de la Comisión Antilavado donde oficia de vicepresidente se hacen en base a letras y espíritu estrictos de la ley.
“Si no quieren dar información están en su derecho, pero nosotros tenemos la obligación de conseguirla y lo haremos por los medios legales. El artículo 195 de la Constitución Nacional nos faculta a requerir informes a cualquiera”, disparó el exsenador Gustavo Leite.
En entrevista con la emisora asuncena 780 AM, en su carácter de vicepresidente de la Comisión Antilavado afín al oficialismo, Leite salió a dar la cara luego de que, azuzado por medios “independientes”, un estudio de abogados saliera a proferir alaridos de protesta y amenazas luego de que recibiera un pedido de informes de esa comisión ad hoc del Congreso paraguayo sobre sumas millonarias recibidas supuestamente de una organización de origen norteamericano para la realización de asesorías cuyos detalles se desconocen.
En otro medio no vinculado a la oposición, Leite se refirió explícitamente al caso que involucra al estudio jurídico Colab Abogados EAS que, según dijo, se niega a rendir cuentas del uso de los fondos millonarios recibidos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés).
Se trata de la misma organización involucrada en proyectos de democracia, transparencia y lucha contra la corrupción que, según investigaciones periodísticas, facilitó el enriquecimiento rápido y sin vueltas de personeros de la oposición, entre tantos otros beneficiados.
“Como senadores de la nación, estamos obligados a saber qué se gastó, por qué, para hacer qué y cuáles son los resultados, porque de lo contrario seríamos malos legisladores. Jamás haremos algo fuera de la Constitución y la Ley ¿Por qué debería molestarse un estudio jurídico de contarle a la gente qué es lo que hicieron de bien para la Corte Suprema de Justicia y cuánto cobraron?”, expresó Leite en publicaciones del diario La Nación.
Según los datos, Colab Abogados EAS fue seleccionado posiblemente a dedo, porque no hay datos de concurso de oposición, para un trabajo de asesoramiento en el uso de herramientas tecnológicas para acelerar procesos atrasados en la justicia, que costó 500.000 dólares (más de G. 3.500 millones).
El caso cobró forma luego de que un medio opositor aliado al PLRA y el Frente Guasu se uniera en interés con Colab Abogados EAS y empezara a publicar en gran destaque la versión del estudio jurídico, cuidándose de no emitir declaraciones de la contraparte, especialmente lo referente al respaldo y garantía constitucionales al pedido de informe.
En representación de Colab Abogados EAS, Jorge Gross Brown Abreu y Mauricio Salgueiro pidieron en un comunicado al país no ceder ni doblegarse ante cualquier pedido de informe de la Comisión Antilavado, en una intimidante “estrategia” que les expone a sanciones penales.
Leite fue consultado sobre estas desafiantes expresiones y dijo que se trata de argumentos falaces.
“No se puede pedir la inconstitucionalidad de la Constitución. (Colab Abogados EAS) Hablan de una donación, cuando es un acuerdo de cooperación entre Estados Unidos y Paraguay. Ambos países pusieron la plata. Les pedimos informes a todas las organizaciones que recibieron dinero dentro de este acuerdo, sean oenegés o no”, sostuvo el parlamentario oficialista.