En la foto captura de pantalla se observa este domingo a un “campesino sin tierra” disparando contra la Policía un poderoso fusil de guerra 5.56, supuestamente de uso militar exclusivo. El Gobierno debe actuar en Pindó, antes de que se convierta en un búnker narco-guerrillero.
En una medida radical que pone en jaque la seguridad de la nación y en alerta máxima a las autoridades del país, una agrupación violenta de campesinos parapetados desde hace 13 años en una propiedad privada de Canindeyú, conocida como Agroganadera Pindó, sorprendió a la dotación policial de la comisaría de colonia Santo Domingo, en la misma zona de invasión, tomando de rehén al propio jefe policial, comisario Gerardo Aquino, según el informe correspondiente.
El grave hecho ocurrió el pasado domingo, mientras en Asunción y algunas localidades del interior se realizaba la manifestación de la Generación Z, que concentró al grueso de la dotación policial de la capital y refuerzos de otros lugares del país.
La tensión subió de tono cuando los terroristas informaron que mantenían como rehén al oficial Aquino quien, de acuerdo a versiones del comisario interviniente, Leonor Barrios, recibió un trato humillante de parte de sus captores, quienes le obligaron a entonar una consigna terrorista y ante una cámara de video le preguntaron de forma violenta a quién apoyaba como representante de la fuerza pública, mientras voces del entorno, que serían de camaradas zurdos, proferían insultantes amenazas de muerte contra el jefe policial, los propietarios legítimos de la propiedad invadida e incluso contra el gobierno nacional.
Evidencias documentadas y versiones de testigos señalan como principal responsable al dirigente campesino Jorge Mercado, quien enfrenta varias órdenes de captura por asesinato, invasión de propiedad privada, amenazas de muerte, depredación de bosques, contaminación de tajamar, abigeato, portación ilegítima de armas, asociación ilícita y narcotráfico, entre tanto otros crímenes y delitos cometidos dentro de Pindó.
Los invasores reclaman la titulación inmediata de las tierras que ocupan a través de la fuerza, y exigen la presencia del titular del Indert para las tratativas correspondientes, a pesar de que la misma institución agraria, en el 2014 emitió un dictamen que denegaba la exigencia de titulación porque no se trata de tierras fiscales sino de una propiedad privada, en este caso perteneciente a la Agroganadera Pindó S.A.
Arsenal de fuego y bombas caseras
El informe preliminar del caso señala que los supuestos campesinos, debidamente individualizados por la Policía interviniente, portaban armas de grueso calibre como escopetas y fusiles, a más de revólveres, puñales, estoques e incluso bombas de fabricación casera conocidas como Molotov.
Todos estos elementos fueron decomisados y se encuentran a disposición del Ministerio Público, que inició una investigación del caso a partir de evidencias y pruebas documentadas presentadas por la Policía Nacional, y la versión de testigos presenciales, según se informó.
Durante el atropello a la fuerza policial, en el contexto de una manifestación realizada en plena Ruta 3, jurisdicción de la colonia Naranjito, departamento de Canindeyú, frente a la propiedad privada invadida e impune desde el año 2012, los supuestos campesinos radicalizados lanzaron epítetos de grueso calibre contra el gobierno y la Policía Nacional, acusándoles de desoír los reclamos populares.
Los violentos también instalaron el mensaje de que el uso de la fuerza es el único camino para los llamados sintierra, a pesar de que el ente agrario oficial entrega cada mes millares de títulos de propiedad a colonias y campesinos establecidos legítimamente en tierras fiscales o negociadas por propietarios.