Un arma de guerra AK 47 utilizado por la guerrilla es observado en poder de un invasor de la Estancia Pindó, convertida en una fortaleza infranqueable, en un país donde las leyes consagran el respeto irrestricto a la propiedad privada y el Estado de Derecho.

La reciente manifestación de pobladores del ilegal Asentamiento 1º de Marzo conformado por autodenominados campesinos sin tierra que mantiene invadida la propiedad privada de la Estancia Pindó, ha dejado al descubierto el temor generalizado, no visualizado por la fuerza pública, de que el lugar podría convertirse pronto en un búnker de guerrilla con metástasis en todo el entorno poblacional circundante e incluso localidades del departamento.

Así se puede deducir de lo que observaron este jueves autoridades intervinientes que analizan detalles del incidente violento registrado el pasado domingo, en llamativa coincidencia con la manifestación de la “Generación Z” realizada en Asunción.

A la altura de la colonia Naranjito, donde se encuentra el establecimiento invadido en el 2012, los “campesinos” tomaron de rehén a un alto jefe policial y tras obligarle a proferir a gritos la conocida consigna comunista “El pueblo unido jamás será vencido” corearon en alarido ensordecer amenazas de muerte mientras blandían intimidantes armas de guerra como fusiles automáticos 5.56 de uso militar, revólveres, pistolas, puñales e incluso bombas de fabricación casera conocidas como molotov.

La Policía identificó como líder de la violenta manifestación a Jorge Mercado Méndez, quien arrastra varias órdenes de captura por asesinato doloso de un campesino brasileño, y un rosario de denuncias por crímenes diversos y delitos ambientales que no pueden ser investigadas por su condición de prófugo de la justicia.

Actualmente, Mercado estaría escondido al amparo de una agrupación de “campesinos” atrincherados en Pindó, armados hasta los dientes, que prohíben la entrada a cualquier extraño, incluidos agentes de la fuerza pública, mientras algunos políticos o gente de influencia solo pueden acceder con contactos previos que les permiten entrar sin contratiempos, aunque siempre acompañados de guardias civiles armados.

En setiembre de 2019, el vehículo en que se trasladaba la representante legal de Pindó, abogada Margarita Colmán, recibió varios impactos de bala de grueso calibre, según confirmó la Policía, luego de que la comitiva intentara infructuosamente acceder dentro de la estancia invadida para dialogar con los líderes.

“Estos 13 largos años de lucha continua a nivel de las instituciones del Estado inherentes, especialmente el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Congreso Nacional, han significado para nosotros pérdida de tiempo y recursos porque nunca hemos llegado a buen puerto, al punto que no solo estamos en punto cero de avance sino corremos el riesgo de que los campesinos invadan lo poco que nos queda de propiedad aledaña”, afirmó la abogada Colmán.

Explicó que la situación ha llegado a un nivel intolerable desde el punto de vista de la seguridad nacional y el derecho de terceros, teniendo en cuenta que “como está suficientemente demostrado y documentado, los invasores están preparados para una guerra de debilitamiento a costa de violencias y amenazas, para lo cual cuentan con el respaldo de políticos y el apoyo de armas potentes, bombas y todo lo que se necesita para imponerse por medio de la fuerza y el derramamiento de sangre”.

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