La bandera paraguaya utilizada como respaldo del atropello. Con este antecedente, cualquier propietario del país está totalmente indefenso, a expensas de violentos que dictan sus propias leyes, afirmaron los afectados.
El desamparo del Estado a las pretensiones de los dueños legítimos de Pindó, que hace 8 años procuran recuperar dominios usurpados por hordas violentas de campesinos armados, les ha llevado a conclusiones radicales que resumen la impotencia de una lucha con enemigos blindados contra las leyes de la República y sostenidos por “patrones del mal” que cosechan prosélitos y dan vida saludable a la mafia instalada en el lugar.
“La caída de Pindó, y que se dé curso a las pretensiones de los grupos invasores, va ser el peor precedente que pueda quedar en el Paraguay con respecto a la defensa de la propiedad privada, y va significar en los hechos el absoluto abandono del productor en manos de cualquiera que ingrese a tu propiedad, porque quiere decir que ya no tenés ninguna posibilidad de que tus derechos sean protegidos, y mucho menos recuperados”, afirmó la abogada del establecimiento, Dra. Margarita Colmán.
La denuncia fue investigada en sus inicios por el fiscal Jalil Rachid, quien luego fue reemplazado por el fiscal Lorenzo Lezcano, y finalmente la causa quedó a cargo del fiscal Christian Bartomeu, quien el 16 de febrero de 2020 emitió una orden operativa de expulsión y aprehensión de invasores de la estancia Pindó.
Los oficios fueron remitidos a la Policía y al Ministerio del Interior con el objetivo de hacer la estrategia operativa para llevar adelante el desalojo, pero unas semanas después se decretó la cuarentena a causa de la pandemia del coronavirus.
“Hace 8 años que pasamos por este calvario, y conste que somos los legítimos propietarios. En todo este tiempo los invasores se han convertido en amos y señores de nuestros bienes, dominio y territorialidad”, expresó la denunciante.
“No tenemos acceso a nuestra propiedad, los empleados están amenazados de muerte, así como también lo estoy yo. En medio de esta situación de calamidad legal, tratamos de ser solidarios con nuestros empleados, porque ellos quieren, aunque no pueden, trabajar. De igual manera, les seguimos enviando sus sueldos y provistas, con la esperanza de que alguna vez aparezca un estadista de valor y nos restituya la propiedad, metiendo presos a todos los responsables de este atropello”, apuntó.
Recordó que, a duras penas, y enfrentando una fuerte estructura de impunidad arropada por políticos que en los hechos ofician de “padrinos” de los usurpadores, lograron finiquitar la parte judicial del proceso de recuperación de la propiedad privada, que se encuentra en el estado de ejecución de las resoluciones.
“El Estado paraguayo debe tener bien claro que estamos ante un quiebre del Estado de Derecho, en este caso por parte de actores fundamentalistas que no solo se burlan de las leyes del país sino han instalado un esquema de perversión criminal dentro de nuestra propiedad invadida donde son ellos, y no el Presidente de la República ni los fiscales ni la Justicia ni la Policía, los que gobiernan y establecen su propia constitución nacional”, aseveró.