El diario Hoy, de Asunción, publicó esta fotografía que hace alusión a las barreras arbitrarias desplegadas por la Policía en los lugares más inesperados y disparatados que evidenciarían la intención aviesa de coimas.
La barrera de control montada por personal policial de la comisaría 1ª de San Lorenzo, que derivó en una intervención criminal en perjuicio de una familia de Luque que evitó la inspección -por temor a ser víctima de coima, entre otros argumentos que son indagados por el Ministerio Público- incumplió normas de protocolo elementales, por lo cual cabe calificarla de ilegal.
El padre de familia, Ricardo Riquelme, cometió el error de tratar de evadir una barrera, pero no se trata de una barrera legal, como lo establecen las leyes del país, sino se hizo una persecución sin tener la mínima sospecha y en esa persecución no apeligraba la vida de los agentes, quienes por este y otros motivos no tenían la necesidad de hacer disparos por apeligrar la vida de terceros, señala un posteo en las redes sociales de autor no identificado que publicamos por considerarlo de interés para generar debate y reflexión.
Añade que la gran cantidad de disparos, que fueron 11 según las informaciones periodísticas, delatan la existencia de una persecución con el fin de matar y no hacer una inspección con los procedimientos de barrera; la policía debe tener el silbato de aviso de encoste, de pare, una radio provista de parlante para comunicarse; debe también encender sus balizas.
Aquí hay varias irregularidades de la barrera, el actuar criminal de los oficiales, el peligro que causaron a terceros y, sobre todo, un niño herido, con el agravante de que fue víctima de la omisión de auxilio de la policía, que supuestamente estaba ahí para resguardar el orden público y la seguridad de las personas, sostiene la publicación virtual.
Observa que el pedido de coima es una “institución” en los puestos de control.
“Los ciudadanos siempre temen al pedido de coima, y sobran los antecedentes; siempre se practicó este esquema de recaudación fácil e ilegítimo, donde los ciudadanos son víctimas de robo por parte de efectivos policiales y militares”, añade el posteo, que hace hincapié en la impunidad.
Dos policías señalados de protagonizar la persecución y realizar los disparos están imputados por la fiscalía interviniente. Se trata del suboficial ayudante Derlis Sanabria y el suboficial Juan Amarilla, quienes enfrentan una expectativa de pena de hasta 30 años de prisión por un rosario de presuntos delitos, entre ellos la omisión de auxilio al niño baleado, según abogados consultados por La Mira.