La polémica ministra aparece con su protector político, que hasta ahora las dio de largas al cúmulo de denuncias por corrupción e incompetencia para el cargo que amontona su apadrinada.
Miembros de la Cámara de Diputados que piden someter a interpelación a la ministra Carla Bacigalupo presentaron una serie de argumentos basados en pruebas documentales que ponen contra la pared a la integrante del Poder Ejecutivo que hasta el momento ha logrado sortear un cúmulo de acusaciones de corrupción, incompetencia y mala utilización de los recursos públicos, entre otros cargos.
Los proyectistas desean conocer por qué el Ministerio de Trabajo adjudicó, el 22 de abril pasado, la licitación por concurso de ofertas “Adquisición de alimentos para personas – Plurianual”, por un valor total de G. 188.867.4000, para los ejercicios fiscales 2020 y 2021, a pesar de que las actividades vinculadas fueron suspendidas el 10 de marzo del 2020.
El cuestionario incluye datos precisos de cuándo se elaboró y en qué fecha se les citó a los gremios empresariales, sindicales y gremios de la sociedad civil a fin de establecer planes de contingencia ante la inminente suspensión de contratos de trabajo, junto con el Instituto de Previsión Social.
Otra de las preguntas elaboradas para que la ministra Bacigalupo responda está relacionada al Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal) y el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), preguntándose qué planes tiene para adecuarse a los nuevos modelos de trabajo o uso de plataformas en economías asociativas o re-creación de microempresas y consulta.
Igualmente, si la ministra ha estudiado el perfil de laboralidad de esta nueva forma de intermediación laboral.
El cuestionario de los diputados también quiere conocer quiénes conforman su órgano técnico de asesoramiento en políticas de empleo y mitigación de riesgos; cuáles con sus experiencias y antecedentes, qué formación y qué resultados positivos en el país han tenido los directores de Sinafocal, SNPP y la Dirección de Higiene y Prevención de Riesgo.
Los legisladores también cuestionan por qué no se reglamentó la Ley Nº 5804/2017, “Que establece el Sistema Nacional de Prevención de Riesgos Laborales”, teniendo en cuenta la obligatoriedad de la cartera estatal de proponer el proyecto de decreto.
La Cámara Baja también desea saber por qué Bacigalupo utilizó los fondos destinados al SNPP y Sinafocal para gastos ajenos a los mismos, cuando no posee facultades legales para hacerlo; qué le llevó a contratar a 6 personas, entre ellas dos profesionales con un sueldo de G. 8.770.000 cada uno, sin especificación de funciones, otro con cargo profesional de G. 4.500.000 y otros dos -con salario inferior a los nombrados- con cargo de auxiliar y de asistente; por qué se realizaron contrataciones por vía de excepción, y no por concurso de méritos, como dispone la ley 5115/2013, y los detalles de los gastos en contrataciones en el presente año, entre otros.
El documento está firmado por los diputados Eusebio Alvarenga (PLRA-Guairá); Sebastián García (PPQ-Capital); Celeste Amarilla (PLRA-Capital); Kattya González (PEN-Central); Norma Camacho (PEN-Central); Carlos Silva (PLRA-Ñeembucú); Edgar Acosta (PLRA-Central); Marcelo Salinas (PLRA-Central); Sergio Rojas (PLRA-Central); Teófilo Espínola (PLRA-Canindeyú); Celso Kennedy (PLRA-Caaguazú); Enrique Mineur (PLRA-Pdte. Hayes); Sebastián Villarejo (PPQ-Capital); Jorge Avalos Mariño (PLRA-Paraguarí), y Carlos López (PLRA-Cordillera).