Desconocido con algún dote intelectual, el proyectista de la cuestionada ley de saqueo de fondos jubilatorios aparece rodeado de libros, que no le sirven para honrar su cargo de defensor de derechos ciudadanos.
Epítetos de variadas tonalidades se escucharon este martes en la manifestación de protesta ciudadana en reclamo al rechazo del uso de los fondos jubilatorios para cubrir gastos rígidos del Instituto de Previsión Social (IPS).
Uno de los más cuestionados fue el senador colorado abdista Silvio Ovelar, autor del proyecto de ley que busca echar mano de los millonarios recursos blindados para uso exclusivo de jubilados.
“No entendemos cómo puede mantenerse aún en el poder este verdadero enemigo del pueblo, que hace años ha solucionado eternamente los problemas económicos que arrastró desde su natal Caaguazú, para convertirse hoy día en un energúmeno social y político con una fortuna incalculable, que bien se podía haber utilizado para cubrir los salarios de miles de trabajadores desocupados”, afirmó el indignado Alberto Alberich.
“Trato Apuá”, como es conocido en el observatorio popular por su pasado de transador, ha logrado ascender dentro del cuchitril político criollo prendido de los sacos del poder, hasta alcanzar inmerecidamente un curul en el Congreso Nacional, donde, en vez de defender intereses de ciudadanos que confiaron en él a través de sus votos, reciben como agradecimiento puñaladas por la espalda, tal como graficaron esta mañana durante la manifestación realizada frente a las oficinas administrativas del IPS, coincidentemente sobre la calle Constitución.
El senador es señalado con insistencia como traficante de influencias, y la ciudadanía pone como ejemplo visible a su esposa, Magnolia Mendoza de Ovelar, quien aterrizó en la Itaipú Binacional sin mérito aparente con un salariazo de G. 105 millones mensuales, monto que sumado al de su pareja llega en el núcleo familiar a la friolera de G. 150 millones por mes, considerado un abuso de lesa humanidad que contrasta enormemente con el famélico salario básico legal establecido para los “comunes”.
“Con la fortuna amasada como producto de su rápido enriquecimiento a costa del Estado, o sea, de todos nosotros comunes, se hubiera pagado una parte de los salarios del IPS y de muchos trabajadores que quedaron en la calle a causa de la pandemia”, apostilló Bernardina Torales durante la marcha pacífica efectuada por las calles de Asunción, con los cuidados sanitarios de rigor dispuestos para la pandemia.
De acuerdo a datos recabados por La Mira, el cuestionado senador metió por la ventana a una legión de familiares directos, cuñados, amigos, vecinos, ex compañeros de escuela y afines en la función pública con salarios negados para el común de los trabajadores del Estado.
Entre los favorecidos aparecen en el listado de la función pública, Armando Mendoza, con un salario mensual de G. 61.704.885; Violeta Mendoza, G. 50.561.180; Robert Ovelar, G. 20.850.000; José A. Mendoza, G. 19.756.000; Mariela Ovelar, G. 8.925.477 y Alicia Ayala, G. 9.055.000, entre las decenas, tal vez centenares, de personas prendidas al presupuesto público de la mano del “padrino de oro”.