Si Marito retira el blindaje a sus leales, el presidente de Petropar Denis Lichi puede ser penado, a lo bajo, por enriquecimiento ilícito, porque no existe consistencia en su declaración de bienes, según la Contraloría.
La ley sancionada este martes por la Cámara de Diputados, que reglamenta la declaración jurada de bienes de funcionarios públicos, no despenaliza irregularidades en dicho acto administrativo, declaró el diputado Derlis Maidana tras salir al paso de severos cuestionamientos mediáticos acerca del supuesto cheque en blanco que tendrían las autoridades acusadas de corruptas para manipular sus bienes de tal manera que no despierten sospechas de ser malhabidas.
Maidana explicó que el artículo 4, inciso 8, del documento, atribuye a la Contraloría General de la República a denunciar ante el Ministerio Público cuando los resultados obtenidos en las investigaciones a los documentos presentados por un funcionario revelen indicios de irregularidades o enriquecimiento indebido.
Igualmente, el artículo 14 del mismo documento establece multas en caso de no rectificar una información proporcionada de manera errónea y recalca que, al encontrar indicios de enriquecimiento ilícito, la CGR deberá informar al Ministerio Público.
“El proyecto aprobado es un acto administrativo, es decir, un servidor público se presenta a la Contraloría, pero si ésta no se siente satisfecha con la documentación, puede llamarme, pedir informe a varias instituciones y si sigue encontrando inconsistencias puede multarme hasta 500 jornales y si aun así los documentos no convencen, los artículos 4 y 14 mantienen la atribución de denunciar ante las autoridades pertinentes”, aclaró.
“No se habla de despenalización; a nuestro entender, con este artículo no se despenaliza nada”, remarcó el diputado Maidana.
Otro punto cuestionado del documento fue la desestimación de publicar los datos declarados por los funcionarios del Estado de forma automática.
El legislador explicó que se mantuvo lo propuesto por la ley madre, para salvaguardar la seguridad de funcionarios de alto rango, ya que existen precedentes en otros países sobre el tema.
“Si se conoce, por así decir, la cuenta corriente de un directivo del Banco Central, éste podría ser pasible de otros delitos”, argumentó el congresista.