Formulario de Declaración de Bienes, que deben completar los funcionarios públicos, y que a muchos les quita el sueño, especialmente a los comprometidos con la honestidad que mienten para ocultar arteramente su patrimonio.
El Gobierno de Estados Unidos de América, a través de su embajador en Paraguay, Lee McClenny, felicitó al gobierno nacional, a la Corte Suprema de Justicia y a los indignados sociales por el logro que significa para la transparencia y la libertad el acceso sin restricciones a la información pública, en alusión al veto del presidente Mario Abdo Benítez a la intención declarada de diputados de la nación de seguir escondiendo sus bienes y recursos, y con ellos las de todos los funcionarios del Estado, para que no salgan a la luz pública y así quedar expuesto lo que han robado.
El Tío Sam sostiene que el veto en mención constituye un paso vital para la transparencia y fundamental para la participación ciudadana en democracia.
En principio, fuentes de la propia Presidencia de la República informaron que serían divulgadas las declaraciones juradas de todos los funcionarios del Estado, pero por cuestiones de espacio virtual se limitaría al principio a 50.000 nombres de altos funcionarios y sus respectivos registros de bienes y salariazos.
La lista, cuyos detalles están en el orden de prioridades para ser visualizados por el colectivo social, serán seguidos de cerca por millares de indignados que repudian la corrupción en los tres poderes del Estado, y está siendo cargada por técnicos de la Contraloría General de la República; posiblemente podrá estar a disposición de los interesados a partir del próximo lunes 22 de junio, según se informó.
Los funcionarios cuyas declaraciones no coincidan con las documentaciones de respaldo serán pasibles de sanciones establecidas en el Código Penal (declaración falsa), a más de otros delitos como estafa y uso de documentos de contenido falso.
Varios ministros y otras altas autoridades del Gobierno están en observación, debido a que la prensa develó con documentos un esquema extendidamente practicado para mentir a la Contraloría General de la República en la declaración de bienes y recursos, que convierten al servidor público en un funcionario desleal que deshonra el dinero de los contribuyentes.