Buzarquis enfrenta en solitario a la estructura de poder de la Ande, asociada a un rosario de irregularidades que, en todos los casos, implica ineficiencia y corrupción «que quieren cargar sobre los hombros de los usuarios», reveló.
El senador Salyn Buzarquis salió al paso de expresiones del presidente de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), Ing. Luis Villordo, sobre detalles de las polémicas sobrefacturaciones y el monto que significará la exoneración de pago por el servicio eléctrico a usuarios del sistema recientemente estafados que consumen hasta 1.000 Kv/mes, o por el valor de 442.000 guaraníes mensuales.
“No es cierto lo que dice el ingeniero, en el sentido de que se necesitarán 250 millones de dólares para subsidiar a los pequeños consumidores de energía eléctrica de la ANDE, sino hasta 130 millones de dólares, que es el resultado del cálculo entre el total de perjudicados por los tarifazos y los usuarios que consumen por un valor de hasta 442.000 guaraníes mensuales”, expresó.
Buzarquis, quien se arropó de patriota y se puso solitariamente al hombro el problema de 40.000 usuarios en situación de estafados en la facturación de sus consumos, llamó la atención sobre este último punto, teniendo a la vista un nuevo intento de la Ande de echar mano de recursos públicos para costear su ineficiencia y corrupción.
“El razonamiento lógico ante esta situación puntual, que Villordo lo debería conocer con precisión, indica que la institución podría acudir a parte de los millonarios fondos de la Ley de Emergencia, sin necesidad de que acuda a pedir socorro al Congreso. Esos recursos cuantiosos destinados a problemas derivados de la pandemia están disponibles, y es una atribución del presidente de la República establecer el destino adecuado, a pesar de que un monto sustancial ya ha pasado lamentablemente a manos de la corrupción”, disparó el senador liberal.
Cuestionó también las “excusas” del titular energético al señalar que la lectura habitual de medidores no pudo realizarse durante la presente cuarentena por las limitaciones propias de la Ley de Emergencia y también porque se jubilaron o fallecieron en estos tres meses unos 1.000 funcionarios.
“El hecho de que el personal se haya acogido a la jubilación, y otros tantos fallecieron, no es problema ni puede ser atribuido en el ‘debe’ de los usuarios, sino es un síntoma grave de ineficiencia de gestión administrativa del presidente del ente. Me pregunto por qué no convocó a los 300 funcionarios, les equipó adecuadamente con los componentes sanitarios correspondientes para la seguridad personal, y les mandó a realizar su trabajo de medición. Si eso ocurría, a esta altura no estaríamos lamentando el estrés de millares de usuarios por las cuentas abultadas de sus facturas”, recalcó el senador.
“En otros términos, esos compatriotas debieron pagar un millón de guaraníes por el consumo en esta pandemia solo porque el personal al servicio de Ande no pudo, o no quiso, ir a hacer su trabajo y calcularon a ojímetro; imagínese cómo se está manejando esa institución”, apuntó Buzarquis.