El esquema de protagonistas en el caso, según la denuncia formal presentada ante la Fiscalía General del Estado, que en más de un año no ha imprimido trámite al grave expediente, prestándose a los intereses de la rosca de corrupción.
A las 10:04 horas del lunes 15 de julio de 2019, hace un año, el gremio de jubilados, sindicatos y cotizantes del Instituto de Previsión Social (IPS) presentó formal denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos contra el abogado Benigno López, el pleno del Consejo de Administración del seguro social y el síndico representante de la Contraloría General de la República (CGR) ante el IPS, entre otros, por los presuntos hechos punibles de lesión de confianza, estafa y tentativa de estafa, en el otorgamiento de un préstamo alevoso y marcadamente irregular a la empresa Tigo Paraguay por un monto de 367.000 millones de guaraníes a 5 años de plazo, que fenecen en el 2022, en condiciones y con intereses harto generosos y graciables con una pérdida patrimonial estimada de 27.500.000 dólares, según la profusa documentación de respaldo.
En todo este tiempo, la Fiscalía General del Estado no ha imprimido trámite alguno conocido a la denuncia, que se mantiene en estado de congelación en las gavetas de la polémica repartición que supuestamente está para defender los intereses ciudadanos, públicos o del Estado.
Los funcionarios, jubilados y asegurados cotizantes apuntan con dedos acusadores, como culpables del esquema de impunidad reinante en el caso, al ex presidente de la República, Horacio Cartes (en cuyo mandato se logró el pérfido acuerdo), a la fiscala general del Estado, Sandra Quinóñez, y al entonces titular de la previsional, Benigno López, quien fue premiado por el actual gobierno con el cargo de ministro de Hacienda.
La denuncia fue presentada por el Econ. Sergio Lovera Cañete, en su carácter de presidente del Sindicato de Profesionales del IPS, con el apoyo de la Unión Nacional de Jubilados, Asociación Médica del IPS (AMIPS), Sindicato Nacional de Telecomunicaciones (Sinattel) y Asociación de Jubilados de la ANDE, entre otros, por el presunto daño patrimonial de 27.500.000 dólares a los fondos previsionales, ratificado por la CGR.
Una de las observaciones principales de la CGR es que la multinacional Tigo no es una empresa productiva sino terciaria, que se dedica a servicios, en contravención flagrante al artículo 28 de la Carta Orgánica del IPS que dice que una de las condiciones innegociables para la solicitud de préstamo es que se trate de una empresa productiva, o sea una empresa primaria, que se dedique al procesamiento o elaboración de materia prima, agricultura, ganadería, minería, etc.
De esta manera, el préstamo otorgado es irregular de fondo y de forma.
Otra irregularidad grave es que la administración de Benigno López aplicó a la operación una tasa pasiva de inversión para otorgar el préstamo irregular a Tigo, que viene a ser la tasa de referencia de 4,20 a 4,50 por ciento, mientras a los jubilados y pensionados, que son los dueños del IPS, les cuesta esa plata 14 por ciento de interés, así como lo establece el Banco Central del Paraguay para la tasa activa.
La diferencia resultante de 7,5 por ciento, a 5 años, representa 27.500.000 dólares, que es el monto del daño patrimonial, certificado por la Contraloría General de la República.
El hecho consumado configura los delitos penales de lesión de confianza, estafa y tentativa de estafa.
A la fecha 2021, los articuladores del negociado feroz colocaron el préstamo de 15.000 millones de guaraníes solamente a 4,5 por ciento de interés, mientras que el quinto año apenas cubre el 2,5 por ciento, o sea que la pérdida del valor del dinero es de 2,4 por ciento del dinero de los aportantes y jubilados del seguro social, sin tener en cuenta la inversión.
Definitivamente, la empresa Tigo no representaba entonces, ni ahora, condiciones básicas para ser sujeta del préstamo del IPS, que se realizó a 5 años de plazo.
Abordado por La Mira, Lovera Cañete afirmó que el enorme acumulado de pérdida, declarado y debidamente documentado, puede ser recuperado a resultas de las operaciones realizadas en el 2021 y 2022 -que son los más lapidarios con los dos años de gracia otorgados con gran generosidad- uno de ellos al 4,5 por ciento, que es la tasa de referencia y solo cubre la pérdida del dinero, y el último año tampoco cubre esa pérdida con el 2,5 por ciento, mientras la inflación anual, o pérdida de valor del dinero, es de 4,5 por ciento.
Se trata de un colosal despropósito de los involucrados en este negociado feroz con los fondos de los trabajadores, opinó el dirigente sindical que representa a los profesionales del IPS, tras observar que los funcionarios y jubilados pagan un seguro con descuentos compulsivos.
En el caso de los funcionarios, cuando van a retirar los préstamos asumen el costo del seguro de vida (prima), pero en el préstamo gracioso a Tigo los funcionarios y jubilados del seguro social que ofician de codeudores le pagan al Banco Interamericano de Desarrollo (BID, a quien le dieron el papel de opinante de valor, a pesar de que en puridad debía emitir una opinión simple, no vinculante) un 0,5 por ciento, que representa 188.000 millones de guaraníes.
Si esta suma se capitaliza a 5 años de plazo, representa 530.000 dólares más de daño patrimonial para el IPS.