«Líderes extremistas seudo ideologizados llevan sus reclamos a convertir en verdaderos ataques terroristas para crear un clima de lucha social, ignorando cualquier principio de legitimidad de los blancos de sus ataques”, señaló el Dr. Galli.
“La violencia en el campo es hija de la falta de institucionalidad en nuestro país. Instituciones que han nacido bajo loables propósitos como el Indert (antes Instituto de Bienestar Rural-IBR, e Instituto de la Reforma Agraria-IRA), fueron contaminadas por intereses políticos, repartiendo tierras a simpatizantes del régimen de turno, haciendo imperar la corrupción y desviando totalmente los objetivos para los que fueron creados”, afirmó el Dr. Pedro Galli Romañach, directivo y candidato a presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) en representación del Movimiento de Integración Rural (MIR).
Añadió que “este manejo desprolijo e irresponsable ha generado asentamientos campesinos sin ningún apoyo para su desarrollo sostenible y, lo que es peor, en la mayoría de los casos sin legalizar la tenencia al no otorgar los títulos correspondientes a sus parcelas, dejando a los adjudicados completamente desamparados e indefensos, obligados muchas veces a vender sus derechos a terceros con mayor capacidad económica”.
“Todo este caos ha generado el caldo de cultivo para que oportunistas políticos se aprovechen de las reales necesidades de estos campesinos, creando falsas expectativas de obtención de nuevas tierras, muchas veces a expensas de legítimos propietarios”, sostuvo el directivo rural.
Alegó que “en este escenario comienzan a aparecer los líderes extremistas seudo ideologizados que llevan sus reclamos a convertir en verdaderos ataques terroristas para crear un clima de lucha social o lucha de clases, ignorando cualquier principio de legitimidad de los blancos de sus ataques”.
Como “única posibilidad de poner fin a esta grave situación”, propuso que las instituciones funcionen, además de “generar alternativas prácticas para sacar de su situación de pobreza a los sectores o núcleos vulnerables, someter a la justicia a los culpables de atracos y dar garantías a los legítimos propietarios de tierras”.
El Dr. Galli emitió sus expresiones ante la preocupación generalizada del sector inversionista por la recurrencia de ataques violentos a establecimientos productivos.
El último atentado de la serie se registró días pasado en una finca privada del distrito de Repatriación, departamento de San Pedro, donde hordas armadas tomaron por asalto la propiedad y procedieron a incendiar maquinarias de trabajo agropecuario, entre estos cosechadora, pulverizadora y un camión cargado con 40.000 kilos de abono, según el parte policial, que describe también la violencia exacerbada utilizada por los supuestos campesinos al disparar objetos lesivos contra los uniformados intervinientes.
Antes de esto, fueron atacados varios establecimientos en el norte del país, con el común denominador de maquinarias agrícolas y retiros destruidos e incendiados.