Por acción e inacción del gobierno, Pindó se ha convertido en territorio liberado para las actividades ilegales, dejando un precedente nefasto para la inversión en Paraguay y vía libre para la práctica de la invasión impune.
Invasores de la estancia Pindó de la zona de Ybyrarovaná (Canindeyú), que se presentan como “campesinos sin tierra”, y más últimamente como “asociación de pequeños productores”, continúan depredando las últimas reservas de bosques nativos existentes en el lugar y dedicándose al cultivo extensivo de marihuana, entre otras actividades ilícitas, aprovechando la ausencia absoluta del Estado por la pandemia, y el relajo de las autoridades fiscales, policiales, municipales, departamentales, nacionales y legislativas para tratar de poner freno a la situación.
Los propietarios del establecimiento denunciaron a La Mira que los invasores se tratan, en realidad, de eslabones organizados de delincuentes, conformados al solo efecto de apoderarse de bienes y recursos ajenos ostentando el falso perfil de productores agrícolas, para lo cual cuentan con el padrinazgo de ideólogos políticos que logran imponer su peso ante las frágiles y genuflexas autoridades de la región.
Pindó fue, hasta el 2012, un referente de producción de ganado de elite y fuente de trabajo para muchos vecinos de Ybyrarovaná.
La invasión hizo correr a los empleados; unos se quedaron en lo que resta del establecimiento Don Enrique, y otros más recorren por la zona ofreciendo trabajos de peón.
Los propietarios, mientras tanto, deambulan por las instancias de servicio público en busca de ayuda e intervención urgente, pero solo reciben portazos bajo variados argumentos como “no tenemos suficiente personal policial”, “necesitamos tiempo y muchos refuerzos”, “esa gente tiene buen apoyo político”, “necesitamos orden de arriba para intervenir”, “hay personas vulnerables y no podemos atropellar”, y tantos otros peros.
Del otro lado, según nuestras fuentes, las actividades ilícitas se multiplican con la explotación de niños y personas vulnerables, que están a cargo de líderes que manejan a gusto y paladar la suerte de las personas, como parte de un esquema totalitario y absolutista donde las órdenes son irrecurribles.
“Tenemos a mano todas las documentaciones que exigen las leyes del país para certificar la propiedad privada; hemos cumplido con todos los protocolos y golpeado todas las puertas que, según las leyes, se deben cumplir para recuperar un dominio legítimo usurpado, pero nada; en estos 8 años de lucha no hemos logrado restituir a nuestro dominio un metro cuadrado de tierra invadida, sino todo lo contrario: en todo este tiempo los delincuentes invasores sistemáticamente han venido ocupando más tierras bajo amenazas de muerte insistentes que hemos denunciado en tiempo y forma, pero solo recibimos el silencio de las autoridades como respuesta”, afirmó la Dra. Margarita Colmán, representante legal de Pindó.
“El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sustentable (Mades), el Instituto Forestal Nacional (Infona), las múltiples comisiones del Congreso encargadas de la lucha contra los derechos humanos, el medio ambiente y el narcotráfico, el Ministerio Público, la Policía, la Gobernación de Canindeyú, la Municipalidad de Ybyrarovaná, las incontables ONGs que pululan en el país, entre otras instituciones y entidades que en los papeles deberían intervenir en Pindó, en la práctica son figuras de papel porque en estos 8 largos años nada han hecho para honrar sus responsabilidades, y con su inacción se han convertido en cómplices de este esquema de perversión constitucional que continúa campante y sin ningún ánimo de intervención”, disparó la Dra. Colmán.