Mientras el gobierno mantiene en asta la bandera del asistencialismo con cifras millonarias para la gente, la ciudadanía en apuros se alimenta de ollas populares. Un contrasentido que enmarca la mala calidad de gestión gubernativa.
Con mucha pompa, el gobierno lanzó el pasado 29 de junio el plan de recuperación económica “Ñapu’a Paraguay”, que divulga cifras esperanzadoras para la recuperación económica del país afectado por la pandemia, pero pasan los días y las necesidades se multiplican, más empresas van a la quiebra, más gente se queda en la calle sin trabajo y los sectores populares sobreviven de ollas populares, pero el mentado programa oficial no sale de su burocracia para hacer aparición en escena.
Para que la ciudadanía tenga presente los términos del plan, pasamos a enumerar algunos de ellos, con el objetivo de tener a mano fundamentos para sacar juicios de valor a la hora de calificar la gestión de las autoridades.
“Ñapu’a Paraguay” consta de un combo de medidas discriminadas en ejes estratégicos que incluyen la protección social, inversión pública para empleos y créditos para el desarrollo.
Las medidas irán acompañadas con reformas diseñadas para avanzar hacia una transformación del Estado paraguayo.
Además de los recursos disponibles, el gobierno prevé un monto adicional de 350 millones de dólares más para la reactivación económica.
De este total, serán destinados unos 100 millones de dólares al IPS para el pago de compensación económica a los trabajadores cesados por la situación del Covid-19; unos 80 millones de dólares para el programa de subsidio económico Pytyvõ para las ciudades de frontera; unos 100 millones de dólares para la dinamización de las obras públicas a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC); unos 40 millones de dólares para la construcción de viviendas, así como 10 millones de dólares para el Fondo Ganadero, y unos 20 millones de dólares para el Crédito Agrícola de Habilitación.
Según el gobierno, de los 1.600 millones de dólares prestados del exterior para financiar la Ley de Emergencia, ya fueron utilizados: 61 millones de dólares para la capitalización de pequeñas y medianas empresas; 26 millones de dólares para Ñangareko; 59 millones de dólares para pagar jubilaciones y cajas deficitarias que requieren de los impuestos; 82 millones de dólares para programas Adultos Mayores y Tekoporá; 77 millones de dólares para el pago de deuda pública; 99 millones de dólares disponibles para el Ministerio de Salud Pública; 100 millones de dólares para el pago a trabajadores; 299 millones de dólares de salarios para médicos, docentes, fuerzas públicas (ningún recurso fue para funcionarios administrativos); y 300 millones de dólares para el programa Pytyvõ.
De los 1.600 millones de dólares, quedan a transferir 497 millones de dólares, de los cuales 400 millones de dólares están asignados al Ministerio de Salud Pública, y 97 millones de dólares para el programa Pytyvõ.
Los sorprendentes números, que no se ven en la calle, destacan que las líneas de acción del Plan se desarrollarán con fondos de protección social, ingresos e integración, con 465,3 millones de dólares; Inversión pública para empleos, 1.372,3 millones de dólares, y Créditos para desarrollo, 676 millones de dólares.
“Nosotros, ni la ciudadanía, estamos conformes cómo prestamos los servicios públicos y debemos cambiarlo. Estamos trabajando en el proyecto que va a tener reglas nuevas, donde la meritocracia va a ser la base para entrar a la función pública. Otro punto es rediseñar las compras públicas. Es clave que estas leyes estén en vigencia cuanto antes”, expresó entonces el ministro de Hacienda, Benigno López, sindicado como la autoridad pública más cuestionada del gobierno, a pesar de lo cual el presidente lo mantiene firme en su cargo, al igual que a todos los miembros del gabinete manchados de corrupción.