“La corrupción es un problema grave y las leyes anticorrupción se han implementado deficientemente. Los casos a menudo languidecen durante años en los tribunales sin resolución, y muchos delitos quedan impunes debido a la influencia política en el Poder Judicial», expresa el lacerante informe de Freedom House.
La democracia de Paraguay está dominada por el conservador Partido Colorado. La corrupción está disminuyendo, pero sigue siendo generalizada, mientras que el crimen organizado y la destrucción del medio ambiente dañan los derechos de las poblaciones rurales e indígenas. La pobreza y la discriminación por motivos de género también limitan los derechos de las mujeres y los niños en particular, afirma un revelador informe sobre nuestro país divulgado por la organización internacional Freedom House con sede en Estados Unidos.
Clasifica a Paraguay como “Parcialmente Libre en Libertad en el Mundo”, y en el ítem de “desarrollos clave”, cita la destitución por parte del presidente Abdo Benítez de 13 funcionarios, entre ellos canciller, ministro de justicia y ministro del Interior, en medio de escándalos políticos y de corrupción. “Estos cambios de personal atestiguan la prioridad general del público para combatir la corrupción y plantean preocupaciones sobre la falta de transparencia y meritocracia en nombramientos clave”, expresa el informe.
Con relación a las opciones políticas de la ciudadanía con respecto a los poderes fácticos, señala que los ciudadanos generalmente están libres de injerencias indebidas en sus elecciones políticas, “sin embargo, existe cierta preocupación por la creciente influencia política de los terratenientes brasileños en las regiones orientales”.
En alusión a segmentos poblacionales históricamente discriminados, observa que ningún afroparaguayo o indígena ocupó cargos legislativos en 2019, aunque ha cobrado fuerza un movimiento político indígena.
Las mujeres ocuparon solo 21 de los 125 escaños en el congreso en 2019, y ninguna gobernación regional. Una ley de cuotas de género que exige que las listas de los partidos sean 50 por ciento de mujeres para todos los puestos se ha estancado en el Congreso, opina Freedom House.
En el ítem que alude a las políticas de gobierno, sostiene que si bien los funcionarios electos determinan la política del gobierno, el crimen organizado y la corrupción a menudo influyen o dificultan la toma y la implementación de decisiones.
“Un gran escándalo surgió en julio de 2019 después de que surgieran pruebas de que un abogado que afirmaba representar al vicepresidente había estado negociando en privado con funcionarios brasileños sobre los precios de la energía relacionados con la represa de Itaipú. Esto avivó los temores de que una renegociación importante de los dividendos de la presa que vencen para 2023 no sea determinada por funcionarios electos sino por intereses privados”, apunta la organización privada internacional.
Añade que, en el punto álgido del escándalo, una facción del Partido Colorado en el Congreso leal a Cartes apoyó los esfuerzos para acusar a Abdo Benítez en agosto, solo para objetar después de negociaciones clandestinas. Poco después, el presidente nombró a un aliado cercano de Cartes para encabezar el importante Ministerio de Agricultura, a pesar de las críticas por su supuesta falta de calificaciones. El episodio sugirió que el ex presidente todavía tiene una influencia considerable sobre la política y el personal del gobierno, precisa el informe sobre Paraguay.
Hace hincapié en que “la corrupción es un problema grave y las leyes anticorrupción se han implementado deficientemente. Los casos a menudo languidecen durante años en los tribunales sin resolución, y muchos delitos quedan impunes debido a la influencia política en el Poder Judicial. Las manifestaciones masivas contra la corrupción estallaron a mediados de 2018, y varios funcionarios de todos los partidos y facciones, dimitieron, fueron investigados y luego procesados”, puntualiza el documento.
“La transparencia del gobierno, especialmente en la administración pública, está mejorando gradualmente, y la implementación efectiva de las leyes de acceso a la información ha reforzado el periodismo de investigación. Los ciudadanos muestran una creciente intolerancia hacia la corrupción y el gobierno opaco, algo que se refleja en las manifestaciones relacionadas con la represa de Itaipú en 2019, contra la corrupción en 2018 y contra los secretos intentos inconstitucionales de permitir la reelección presidencial en 2017”, recalca Freedom House.