El PBC de la polémica licitación 1495/19 adolece de varias irregularidades, entre ellas el astronómico precio de referencia que lleva a sospechar un negociado millonario para los amigos. El Ing. Sosa adjudicó el proceso en ciernes en el meteórico lapso de 6 días.
La Constitución Nacional, y la propia Ley de Contrataciones Públicas, establece la importancia de que, ante un evento de inversión o contratación, entre otras iniciativas de gasto público, se debe priorizar la economía institucional, en el sentido de que los administradores de gastos sean celosos guardianes de los recursos del Estado o, lo que es lo mismo, la plata de la gente.
Esto no ha ocurrido específicamente en la licitación 1495/19 de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) para la provisión de llaves telecomandadas destinadas al servicio energético nacional, donde la institución, específicamente el nuevo presidente del ente, Ing. Félix Sosa, optó por la oferta más cara, que representa la suma de 6 millones de dólares (unos 40.000 millones de guaraníes al cambio del momento).
Ingenieros civiles consultados por La Mira afirmaron que la diferencia del monto adjudicado es suficiente para la construcción de 500 escuelas bien equipadas, o una cantidad similar de centros de salud en cualquier parte del país.
La ley dice que los administradores públicos de gastos deberán resarcir de su peculio personal las consecuencias de sus errores o negligencias de procedimiento en el uso de los recursos del Estado.
La millonaria diferencia entre las dos principales oferentes de la licitación 1495/19 constituye por sí misma un motivo de sospecha que debería motivar la fiscalización e incluso la intervención de la Contraloría General de la República (CGR) y la propia Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), que hasta el momento no han tomado nota de las irregularidades denunciadas.
La licitación de marras fue adjudicada en el lapso de apenas 6 días por el actual presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa, quien pudo haber estado debidamente al tanto del PBC y la denuncia de supuesto amaño si todo ese tiempo lo dedicaba exclusivamente a inspeccionar cada punto de la licitación, como es su responsabilidad, pero es sabido que la primera semana al frente del cargo, el actual titular energético se ocupó de los nombramientos y de temas de interés acuciante, como la regularización de las sobrefacturaciones millonarias heredadas de su antecesor, por lo cual nunca pudo haber tenido el tiempo y la atención necesarias para verificar el proceso y, específicamente, los puntos cuestionados en la licitación, que según los datos fue la crónica de una adjudicación anunciada.
La conclusión lógica es que el Ing. Sosa ya tenía una agenda preparada para adjudicar a una empresa amiga, o bien se dejó guiar por sus hombres de confianza, entre ellos el Ing. Andrés Ramírez, señalado por fuentes de la ANDE de dar su bendición a determinada oferta, transgrediendo su responsabilidad institucional y asumiendo también los riesgos de sus actos u omisiones, debiendo resarcir de sus propios bolsillos cualquier daño a los recursos públicos.