El malogrado proyecto sobre insolvencia nació en el Poder Ejecutivo, la instancia señalada de llevar a la quiebra al país a través de la corrupción y falta de gestión para reactivar la economía, generar fuentes de trabajo y mejorar los ingresos de la gente.
Murió antes de registrar su partida de nacimiento.
Tal la descripción generalizada de la ciudadanía, a través de las redes sociales, con relación a la malograda Ley de Insolvencia, presentada a la consideración pública con el objetivo de “ayudar” a los deudores a “resolver” su delicado estado financiero que no le permite honrar sus compromisos económicos, pero que, en realidad, arroja a los leones a la gente en situación de quiebra, que de por sí se encuentra sin trabajo, enferma, encerrada en su casa por el temor del covid, y sin recursos siquiera para enterrar a sus muertos.
“El malón se origina en el propio Poder Ejecutivo, la misma instancia que está llevando a la quiebra al Paraguay, con una deuda acumulada que deberán pagarla hasta nuestros descendientes de la cuarta generación”, expresa en su sitio social el indignado Abel María Marín.
“¿Qué estómago tiene nuestro presidente de la República para impulsar una macabra ley, en plena época crítica de pandemia, con el pobre pueblo paraguayo arañando el día a día para sobrevivir, y declaradamente sin recursos para cumplir sus compromisos financieros, que los contrajo cuando aún tenía trabajo y salarios?”, señaló.
De forma increíble, a pesar de contrariar aviesamente los intereses de la gente pobre, el adefesio jurídico sorteó sin mayores inconvenientes la Cámara de Senadores, donde tibias voces divergentes no lograron amedrentar a los impulsores del proyecto, que pasó olímpicamente a la Cámara Baja, donde una mayoría oficialista de diputados decidió arrojarlo al basurero con el argumento de que se trata de poner contra la pared a los insolventes, regidos bajo la vigente Ley de Quiebras que se intentó “actualizar” para beneficiar a la república financiera y usureros.
El proyecto establece las disposiciones sustantivas y los procesos de carácter universal destinados a resolver el estado de insolvencia del deudor, mediante la reorganización de las personas jurídicas insolventes viables, o la liquidación de las inviables., a más de la reestructuración de las deudas de las personas físicas o la liquidación de su patrimonio para pagar a los acreedores y permitir la rehabilitación del deudor.
Sostiene que las disposiciones de la ley prevalecerán sobre las disposiciones procesales o sustantivas contenidas en otras leyes o códigos que pudieren oponérsele, y los acreedores sólo podrán ejercer sus derechos respecto del deudor y los bienes de este, conforme a lo establecido en esta ley.
La declaración de quiebra y la admisión de la convocación de acreedores presuponen el estado de insolvencia del deudor, y el estado de insolvencia se manifiesta por uno o más incumplimientos u otros hechos exteriores que, a criterio del juez, demuestren la impotencia patrimonial para cumplir regularmente las deudas a su vencimiento, sin consideración al carácter de las mismas, sostiene el cuerpo legal descartado en segunda instancia.
De esta manera, la Ley de Insolvencia enmarca un trago amargo presentado a los ojos de impotentes personas desafortunadas por parte de una estructura de gobierno y legislativa perversa, antipatriótica y declaradamente inmoral, si se tiene en cuenta el solo detalle que se estaba urdiendo entre cuatro paredes, a espaldas de la gente, en plena pandemia, con la falta crítica de fuentes de trabajo, bolsillos vacíos, y un horizonte golpeado por la crisis económica generada por los robos multimillonarios de recursos públicos, que bien podrían haber sido invertidos a favor de los infortunados.