Invasores de Pindó que habrían participado del ataque al retiro contiguo de la estancia ocupada, donde dominaron a punta de armas al personal, les robaron sus pertenencias y huyeron del lugar tras lanzar consignas ideológicas y amenazas de muerte, según la denuncia.
Casi en el mismo momento que senadores de la Comisión de Reforma Agraria del Congreso nacional se referían a los invasores de la estancia Pindó como “trabajadores y pacíficos”, una horda aproximada de 70 hombres armados con palos y revólveres procedían a atacar el retiro Vaca Retâ, del mismo establecimiento, ubicado en el entorno más cercano de la propiedad usurpada, manteniéndose en posición de guerra y amenazando al personal a no acercarse al lugar invadido porque serán ejecutados.
Antes de ello, los violentos mantuvieron en calidad de rehenes a los empleados del establecimiento afectado y les robaron sus celulares, equipos de trabajo e incluso ropas, según la denuncia de una de las víctimas a través de un teléfono móvil prestado por un vecino del lugar.
“Estábamos realizando nuestras tareas de rutina, cuando a primeras horas de la mañana aparecen desde el sector de la estancia invadida decenas de hombres en actitud violenta, lanzando amenazas y tratándonos de bandidos, y después de dominarnos a punta de armas de fuego nos amenazaron de muerte y huyeron del lugar”, expresó un guardia del retiro Vaca Retâ.
Al tomar conocimiento, la abogada de Pindó, Dra. Margarita Colmán -la misma que el año pasado fuera atacada a tiros por este mismo grupo- presentó la denuncia correspondiente ante la subcomisaría de la localidad de Laurel, la más cercana de Pindó, que procedió a registrar acta de procedimiento y de inmediato dio participación a la fiscalía jurisdiccional.
Una cantidad no determinada de familias, que según datos extraoficiales serían 200, ocupan gran parte de las 4.499 hectáreas de Pindó desde el año 2012, lapso en el cual han desarrollado un brutal esquema de abusos contra el medio ambiente y los derechos humanos de niños y mujeres, ante el silencio absoluto del Estado paraguayo, que solo procede a intervenir en sectores dirigidos e interesados con cobertura mediática.
Alentados por políticos que les brindan blindaje y colchón de impunidad, los violentos se encuentran hace un par de años en un intento abierto por “legalizar” la invasión, para lo cual han constituido una “asociación de productores” que con garrote en manos emerge puntualmente en la zona de ocupación para hacer escuchar sus reclamos y presentar exigencias a las autoridades nacionales, que no se animan a intervenir y asumen la situación con una naturalidad increíble, a pesar de estar en grave peligro el Estado de Derecho y la seguridad jurídica no solo en Pindó sino en todas las propiedades privadas de la región e incluso del país.
La Comisión de Reforma Agraria está integrada, entre otros, por los senadores Sixto Pereira y Pedro Santacruz, los mismos que defienden a capa y espada la invasión de Pindó y alientan a los “sintierras” a seguir ocupando propiedades ajenas con el delincuencial argumento de que se trata de tierras malhabidas.
De acuerdo a los datos, Pindó es resultado de una transacción comercial realizada en 1965 por Enrique Bendlin con el Estado paraguayo, específicamente el Instituto de Reforma Agraria (IRA, precursor del IBR y actual Indert) consistente en el trueque de un avión -para uso oficial- con tierras públicas que, según la familia, ni siquiera se cumplió en la medida de lo acordado, quedando un remanente de propiedad no entregado hasta la fecha.