Invasores de Pindó ocuparon hace días las calles de Asunción reclamando reivindicaciones, con el soporte estructural de senadores «progresistas» que violan a placer la Constitución Nacional, en este caso el respeto irrestricto a la propiedad privada.
A finales del 2014, dos años después de que una horda violenta de campesinos atacara a matar al personal del establecimiento Pindó, en la jurisdicción de Ybyrarovaná, distrito de Canindeyú, y de tomar por la fuerza la propiedad privada convirtiéndola en territorio liberado, los senadores Sixto Pereira, Hugo Richer, Esperanza Martínez y Carlos Filizzola presentaron una nota ante el Senado de la nación, en la cual piden hacer lugar a las reivindicaciones del grupo radicalizado instalado en las tierras ajenas, seguramente con el apoyo de la izquierda paraguaya que comulga el mismo ideario de la política “revolucionaria” de la región.
A través de un proyecto de ley, los aludidos parlamentarios aluden a la “necesidad” de declarar de interés social la propiedad privada invadida, para lo cual debe ser expropiada a favor del Indert para ser destinada a los fines de la reforma agraria.
Lejos de reconocer que se trataba de una propiedad titulada, con desarrollo agroproductivo sostenido y fuente de sustento a muchas familias de la zona, los senadores se concentraron en los “derechos” de los invasores, aludiendo a que ya contaban con viviendas, cultivos de subsistencia y animales domésticos, pasando por alto las actividades ilegales desplegadas en el dominio ocupado, como ser la tala indiscriminada de árboles nativos de especies protegidas de la reserva natural, el abigeato en gran escala, el cultivo de marihuana, la portación abierta de armas de diverso calibre y las amenazas de muerte como fórmulas de “protección”.
Sixto Pereira, Richer, Esperanza Martínez y Filizzola también “lamentaron” en la nota los sendos desalojos “de forma violenta” de su clientela política, y señalan que la expropiación representará la solución definitiva “a un problema social que constituye la falta de tierra propia a los compatriotas de la zona”.
Los senadores pasaron por alto los términos y el espíritu de la Constitución Nacional en materia de tenencia de la tierra en el Paraguay, basados en leyes y artículos aprobados por los senadores y diputados de la nación, que también establecen sanciones para los invasores, usurpadores y ocupantes de propiedades privadas, así como castigos para legisladores corruptos, traficantes de influencia y violadores de la ley.
Hace un par de meses, los senadores socialistas Pedro Santacruz (presidente de la Comisión de Reforma Agraria del Senado que debería ser el principal impulsor del respeto a la Constitución Nacional y el ordenamiento jurídico de la nación), Hugo Richer y Sixto Pereira fueron vistos en la estancia Pindó ensayando arengas de neto contenido ideológico-delictivo a los invasores, prometiendo soporte asistencial desde sus respectivos curules en el Congreso Nacional y recomendándoles a los “compañeros y compañeras” continuar con “la lucha revolucionaria” a través de la ocupación de más propiedades privadas, otorgándoles de esta manera carta de violencia e impunidad.