En otros tiempos, este sector de la estancia Pindó era un valioso bosque protegido universal, convertido hoy día en un páramo por invasores con ayuda de políticos. Un caso de vergüenza internacional para el Paraguay, y de descrédito para las autoridades corruptas.
Senadores de la nación sorprendidos hace un par de meses en el establecimiento productivo Pindó arengando a los usurpadores de la propiedad privada a continuar con las invasiones para tener acceso a la tierra propia con apoyo del poder político afín, continúan tan campantes en sus respectivos cargos, sin ser siquiera cuestionados por el sistema legislativo comprometido con el respeto de la Constitución Nacional.
De esta manera, se ha dado pie al desembarco de un esquema de perversión pública manifestado abiertamente en Pindó por los senadores Sixto Pereira, Pedro Santa Cruz y Hugo Richer, abanderados políticos de los invasores de Pindó, que se mantienen impunes en la propiedad privada desde hace 8 años, generando ganancias espurias millonarias con la explotación irracional del bosque nativo protegido de unas 3.500 hectáreas, que hoy día deja ver a través de ojos electrónicos la magnitud del ecocidio igualmente perdido de instancias públicas de intervención y control como el Mades e Infona y, ni qué decir, de organizaciones ambientalistas nacionales e internacionales, que durante todo este tiempo no han dado señales de vida para defender valiosos recursos naturales en proceso de extinción.
Pindó es el símbolo del Paraguay que no queremos.
En ese lugar invadido, los supuestos campesinos han desarrollado un formidable, abierto e impune esquema de abusos contra los derechos humanos, los recursos naturales y el orden constitucional.
De acuerdo a los datos, la tala indiscriminada del bosque protegido con especies valiosas en vías de desaparición ha pasado a ser delito corriente, a más de la práctica periódica del abigeato y el cultivo de marihuana, entre otras actividades en las cuales están comprometidas las familias, entre ellas niños y personas de tercera edad utilizados como escudos humanos.
El Ministerio Público ha dictado nada menos que cinco órdenes de desalojo en todo este tiempo, pero ninguna de ellas ha tenido eco debido a múltiples argumentos, entre ellos la falta de suficiente personal, vehículos y logística.
Esta situación es aprovechada al máximo por los invasores, que a más del apoyo político cuentan a favor con el factor tiempo, y el valioso silencio de potenciales denunciantes de abusos, que de esta manera se convierten en cómplices solidarios, como por ejemplo las industrias madereras multiplicadas en el entorno de Pindó, que generan riqueza ilegal a costa de recursos forestales valiosos de valor inestimable depredados a mansalva ante los ojos atónitos e impotentes de la consideración pública nacional y la crítica internacional.