La última de las 5 notas enviadas en todos estos años a la Policía Nacional para pedir provisión de personal con el fin de proceder al desalojo de Pindó que, una vez más, fue respondida con pretextos. Actuar bajo el amparo de la ley es un grave problema en Paraguay, como en este caso.
Después de la celebrada decisión del presidente Mario Abdo Benítez de recular oportunamente de su decisión inicial de declarar colonizables las tierras de Marina Cue a favor de los actuales ocupantes, propietarios de la estancia Pindó reclamaron la intervención del titular del Poder Ejecutivo para el desalojo de los invasores que se mantienen atrincherados en el lugar desde el 2012.
En todo este tiempo, alegaron, los campesinos se han empeñado en deforestar el bosque nativo protegido, convirtiendo el lugar en un territorio liberado para la práctica de actividades ilegales, entre ellas el cultivo de marihuana, obteniendo lucro ilegal millonario a costa de la violación sistemática e impune de las leyes nacionales.
“Lo mejor que puede hacer ahora Marito, después de su inteligente decisión de recular en el caso de Marina Cue, es proveer los mecanismos requeridos por el Ministerio Público para el cumplimiento de la orden de desalojo, que está pendiente desde hace años y no puede concretarse a causa de múltiples trabas, entre ellas la falta de personal policial y logística, por un lado, y especialmente debido a los intereses creados de la casta política socialista enclavada en el lugar, que promete a los invasores apoyo de todo tipo e incluso les recomienda seguir parapetados en la propiedad ajena, en abierta y flagrante violación de lealtad a la Constitución Nacional que asumieron cuando juraron como parlamentarios”, afirmó la Dra. Margarita Colmán, asesora jurídica de Pindó.
Informes proveídos por el Instituto Forestal Nacional (Infona) señalan que de las 2.400 Ha. del bosque protegido han sido tumbados hasta el momento 2.109 Ha., generando ganancias espurias para los invasores y sus padrinos políticos por un valor aproximado de 60 a 70 millones de guaraníes semanales.
La madera depredada sale tranquilamente de Pindó en grandes camiones por puestos abiertos que anteriormente eran clandestinos, y surten a industrias clandestinas que pululan en las inmediaciones y en todo este tiempo vienen operando a espaldas de la ley, amparadas en la absoluta impunidad.
“De parte de Pindó, hemos agotado todas las instancias legales para recuperar nuestro dominio violentado, pero hasta el momento solo hemos recibido pretextos y todo tipo de trabas de parte del Estado para no cumplir con su obligación de respetar y hacer respetar la propiedad privada, la seguridad jurídica y el Estado de Derecho”, disparó Colmán.
Comentó que las 5 órdenes de desalojo están cajoneadas en el Ministerio Público, donde acumulan polvo y polillas mientras las autoridades miran para otro lado y, entre otras argucias, culpan a la pandemia por no poder supuestamente intervenir, “mientras para los invasores no hay coronavirus ni nada que les impida depredar a mansalva y delinquir a placer y conveniencia”, recalcó la abogada.
Expresó que el presidente Marito no debe seguir cruzado de brazos en el caso Pindó, por el peligro que representa el imperio de un territorio liberado no solo para la convivencia pacífica y armónica, sino como soporte para la instalación de la violencia como fórmula para la tierra propia.
“Estamos prácticamente en medio de una anarquía jurídica, como resultado de la mala praxis política y social, donde los productores inversionistas, como en el caso de Pindó, no tienen ninguna responsabilidad, pero sí reclamos de derechos fundados en la Constitución Nacional y las leyes de la República que son expresamente despreciados por el Estado y el Poder Ejecutivo”, alegó la Dra. Colmán.