Los invasores de Pindó se dan el lujo de salir a la calle a pesar de las 5 órdenes de desalojo que la Policía se niega a acatar, bajo diversos pretextos. El propio gobierno se pone del lado de los violentos con un cínico discurso de Marito a favor de la seguridad jurídica.
De forma continua, a sol y sombra, los invasores de la estancia Pindó en Canindeyú continúan campantes en la tierra ajena desde hace 8 años, y en todo este tiempo no paran de depredar la valiosa e irrecuperable reserva boscosa del lugar, a más de otra serie de actividades ilícitas, como el abigeato, cultivo de marihuana y abuso de menores, en medio de la absoluta impunidad.
Ni una sola institución, llámese juzgado penal, Ministerio Público, Policía Nacional, Senad, Infona, Mades o Comisión de Derechos Humanos del Congreso nacional (por el caso de mujeres y menores en situación de abuso), cumple con su responsabilidad y se hace cargo -cada quien en su respectiva obligación- del festival de delitos cometidos por los campesinos, quienes abiertamente alegan contar con la bendición de políticos para mantenerse intactos, lejos de cualquier intervención.
El año pasado, fueron vistos en el lugar los senadores Hugo Richer, Sixto Pereira y Pedro Santa Cruz profiriendo insultos contra los propietarios del establecimiento y otros dueños de propiedades de la zona a quienes acusan sin documentos de poseer tierras malhabidas.
Las autoridades legislativas también dieron su apoyo explícito a los campesinos para utilizar la violencia en la lucha contra la tierra propia, cometiendo de esta manera delitos de lesa humanidad que, increíblemente, se mantienen impunes, mientras reina la anarquía de poder donde cada sector (político, ideológico o campesino) elabora su propia ley y hace tabla rasa de la Constitución Nacional, que en este caso consagra derechos sobre la propiedad privada.
En medio de este caos en que se maneja el país, el presidente Mario Abdo Benítez salió a pontificar estos días a favor del respeto a la seguridad jurídica.
“La seguridad no es de izquierda ni de derecha. La seguridad es un valor que tiene la democracia para generar recursos. Tiene que haber seguridad, seguridad jurídica, seguridad física. No podemos construir un discurso hostil hacia el sector productivo, hacia el sector privado. El sector privado es el genera los ingresos para los recursos para las políticas sociales. No hay otra manera”, afirmó.
Tras destacar la importancia de la seguridad jurídica para avanzar en políticas sociales, Marito resaltó el trabajo conjunto del gobierno con el sector productivo, “cuyos ingresos generan recursos para las políticas sociales encaradas por el Gobierno”.
En este contexto, significó el valor que representa en democracia la seguridad jurídica y física en un país.
“No podemos enfrentarnos. Tenemos que terminar esa historia de derecha e izquierda, el debate ideológico es obsoleto, debemos tener creatividad para solucionar los problemas de la gente y unir las fuerzas de una gran nación para salir adelante”, expresó en un discurso cínico e hipócrita, teniendo en cuenta que el mismo está enterado y documentado de la clara violación de la seguridad jurídica en Pindó, pero nada hace para revertir el estado de cosas y, en todo caso, en la práctica se pone del lado de los violentos y de que quienes apelan a una ideología que el mismo alega cuestionar, para cometer todo tipo de atropellos, abusos y amenaza latente contra personas y empresas que quieren salir adelante con el fruto de su esfuerzo y el título de propiedad legítimo de la tierra que trabajan.