El rostro de la vergüenza que representa a la mafia del transporte en Paraguay, prohijado por una élite insaciable de empresarios que lucran hasta el hartazgo con un servicio minado de irregularidades, con unidades chatarras y amenazas eternizadas de boletos inflados. Foto: Diario HOY.
En plena pandemia, cuando los bolsillos de la ciudadanía están semi vacíos por la caída de la economía, entre tantos otros sinsabores, emerge campante la figura siempre odiosa de los transportistas, quienes mantienen bajo la manga el pedido de aumento de pasaje debido a la suba de los combustibles.
“Es un hecho que no se puede detener por inercia, ya que el más pequeño cambio en el precio del combustible incide en el costo de nuestro servicio”, afirmó el referente histórico de los dueños de las chatarras circulantes, César Ruiz Díaz, desde su función de presidente del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitano (Cetrapam).
Comparado por la ciudadanía como un antro de recaudadores y rosca de poder omnímodo que consigue lo que quiere del Gobierno cómplice, Cetrapam está plantado firme en espera de que bajen los decibeles de la rebeldía ciudadana que está plantada pidiendo la renuncia o destitución del presidente Mario Abdo Benítez y el vicepresidente Hugo Velázquez, acusados de culpables del desastre de la nación.
Mientras esto ocurre, chatarras que ofician de colectivos del transporte público pululan por las calles de Asunción y el área metropolitana, sin que intervengan las autoridades correspondientes, entre ellas el Viceministerio de Transporte siempre afín a los intereses de los empresarios, y las municipalidades, pendientes del “servicio estratégico” que podrían prestar los micros en este año electoral.
Las empresas del transporte históricamente han sido beneficiadas (privilegiadas) por sucesivos gobiernos de turno, y Marito no es la excepción, manteniendo la tradición de sometimiento a los ¿derechos? de los empresarios.
Conocidos son los pretextos esgrimidos a la hora de solicitar la suba del boleto, y en esta ocasión no podían fallar con una escala falseada que manejan como secreto de Estado.
Según los dueños de las empresas, deben cambiar una vez al año las 6 cubiertas y realizar una serie de reparaciones para poner en orden los vehículos.
Sin embargo, en la calle se ve la realidad con unidades malogradas a cada paso paradas en medio de la calle, interrumpiendo el tráfico y haciendo aún más complicada la vida a los ciudadanos que manejan sus vehículos.
La gran mayoría de los transportistas compra unidades recicladas de Brasil y registran en nuestro país, con la complicidad de autoridades vendidas, como si se tratara de vehículos 0 Km. comprados en Paraguay a precios exorbitantes, todo ello para inflar descaradamente el listado de “gastos e inversiones” que les ayudará al soñado incremento del pasaje.
“Ahora que estamos en caliente deberíamos salir a repudiar a estos sátrapas empresarios del servicio público de pasajeros que vienen burlándose desde hace medio siglo de los usuarios”, posteó este domingo en su sitio social el indignado Basilio Cáceres.