La clase presencial es una excelente oportunidad de negocios para empresarios voraces que, con la complicidad del gobierno, expone al estudiantado a contraer el covid en un momento altamente vulnerable para el contagio. Desgracias de unos, ganancias para otros.
En medio de críticas acentuadas de sectores docentes, padres de familia y, especialmente, personales de blanco que alertan acerca de la virulencia exacerbada de la pandemia y la posibilidad latente de infección en todos los niveles, el gobierno ha decidido dar vía libre al interés exclusivamente crematístico y comercial de empresarios locales animados por generar más recursos a costa de la salud poblacional, en este caso de inocentes estudiantes que, como ovejas, son enviadas criminalmente al matadero.
“Está demostrado que el nivel de contagio en las instituciones educativas es bajo, en comparación a sectores donde se practica la aglomeración de personas”, afirmó orondo estos días un referente del Ministerio de Educación y Ciencias, cuyo ministro Eduardo Petta ha sido descabalgado del poder, pero se mantiene la estructura de perversión y negociados que les permiten a las autoridades en carrera no solo ganancias espurias por sobre la salud poblacional, sino impunidad con el silencio mediático.
La asociación de instituciones educativas privadas sacó la cara estos días urgiendo al gobierno a autorizar las clases presenciales, lógicamente interesados en recaudar.
Un medio de prensa masivo, mientras tanto, incita al gobierno a ordenar el inmediato retorno a clases de miles de estudiantes que, agazapados en brazos de sus padres, tiemblan de miedo de contraer el virus mientras miran por la televisión y escuchan en las radios el elevado nivel de contagio poblacional.
El retorno a clases es negocio para muchos, entre ellos los empresarios que fungen de patriotas al servicio de la educación, pero, en la práctica, demuestran ser lobos voraces vestidos de oveja pendientes de sus negociados bajo la mesa que les reditúan, según los documentos, miles de millones de guaraníes de ganancias en pandemia, a cambio de silenciar su voz crítica y contribuir grandemente con ello a la repudiada impunidad del sector público representado por el presidente Mario Abdo Benítez.
Ahí les tenemos también a los empresarios del transporte, que ven en las clases presenciales la oportunidad de incrementar sus ganancias, sin importar pelo ni marca, y si es con el incremento de pasaje, mucho mejor para ellos.
La compra de favores ha sido, históricamente, un negocio altamente rentable para el poder, en este caso el gobierno de Abdo Benítez, que apuntala la corrupción oficial por la vía de la impunidad comprada con la publicidad estatal.
Nada más repudiable, si se tiene en cuenta que, en primer lugar, la propaganda del gobierno está vedada por ley y, en segundo lugar, la plata de todos es utilizada como moneda de cambio para adquirir indulgencias y olvido, ante la docilidad de empresarios que solo piensan en sus bolsillos, pero se manejan como santos patriotas a la hora de mostrar su cara a la gente.