Políticos del congreso levantan la mano para algún beneficio corporativo, sectorial o personal, pero se mantienen de brazos cruzados ante la inseguridad en el norte, que es tierra fértil para el EPP ante la ausencia total del gobierno.
En una semana se cumplirán 7 largos meses del secuestro del ex vicepresidente de la República Oscar Denis, pero no existe la menor posibilidad de que el empresario norteño sea rescatado sano y salvo por la fuerza pública de seguridad.
Denis suma su desgracia a la de Edelio Morínigo y Félix Urbieta, de cuyos paraderos se desconoce y, teniendo en cuenta el silencio sepulcral del gobierno ante la triste situación de estos compatriotas y sus respectivos familiares, se puede afirmar que nada está haciendo el poder en el tema de seguridad y, por lo tanto, no es prioridad en la política pública.
Los políticos se han sumado a la inoperancia de las autoridades, y ni siquiera muestran la cara ante una ciudadanía postrada por la pandemia, con necesidades repartidas por todos lados y un horizonte negro rodeado de precariedad asistencial en todos los sectores ciudadanos, menos en el poder, donde la pandemia ha generado nuevos ricos con incrementos salariales, porcentajes en las licitaciones públicas y el mantenimiento intacto de los privilegios, frente a una población que se debate en la miseria.
El clamor lacerante de las hijas de Denis por la suerte de su padre es la muestra palpable de la impotencia que se impone en el seno familiar ante la falta de respuesta del gobierno de Abdo Benítez, en este caso representado por la Fuerza de Tarea Conjunta, que durante todo este tiempo nada ha hecho para recuperar a los tres secuestrados, y a través de informes ocasionales alejados de la verdad pretende instalar un sentimiento de comprensión nacional, deshonrando los más de un millón de dólares mensuales que le paga la ciudadanía para hacer su trabajo y garantizar la seguridad en el norte.
De esta forma, ante la ceguera generalizada de los detentadores del poder, la práctica del secuestro sigue campante en Paraguay, donde la libertad de muchos compatriotas depende de la buena voluntad del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que tiene motivos suficientes para seguir erigiéndose extendidamente en el dueño de la seguridad en el norte.