Los senadores Santacruz, Richer y Pereira son vistos en la estancia Pindó, donde prometieron ayuda y soporte político a los invasores para la «regulación» de la propiedad privada, en abierta violación a la ley. Ninguno de ellos está procesado por apología de la violencia y otros delitos.
El Indert emitió un nuevo dictamen en referencia al pedido de informes de la Comisión de Reforma Agraria del Senado con relación al pedido de desafectación, bajo la figura de la compra, de tierras de la empresa agroganadera Pindó, del distrito de Ybyrarovaná (distrito de Canindeyú), violentamente invadidas en el año 2012 por parte de hordas enardecidas de supuestos campesinos sin tierra que desde entonces se han atrincherado en el lugar, convertido hoy día en campo minado y territorio liberado donde se practican varios delitos de forma abierta e impune, según la denuncia presentada por los legítimos propietarios que obran en la carpeta fiscal.
El pedido de informes fue uno más del montón de recurrencias del mismo tenor elevadas por senadores declaradamente comprometidos con la causa de los invasores, especialmente Sixto Pereira, Pedro Santacruz y Hugo Richer, filmados en el 2019 en la propiedad ajena haciendo arengas a las familias e instándoles a continuar en el lugar con la promesa de pronta reivindicación de las tierras usurpadas a través del esquema de presión política y las amenazas, a cambio de lealtad a la hora de los votos.
El senador Santacruz es el presidente de la Comisión de Reforma Agraria, la misma que, en los papeles, debería encargarse del cumplimiento de las leyes nacionales, en este caso de los derechos de Perfecta S.A. sobre la propiedad de Pindó, pero que, en la práctica, oficia de abogado de los violentos, que de esta manera tienen el campo libre para acometer contra la propiedad privada y llevar a la práctica delitos de acción penal pública, entre ellos abusos de menores, abigeato, cultivo de marihuana y depredación extendida de bosques nativos de la reserva boscosa, en medio de la absoluta impunidad.
De forma solidaria, en el entorno de Pindó se ha constituido una fuerza fáctica de grandes proporciones con la instalación de aserraderos ilegales pertenecientes a autoridades de la región, a más de otro tipo de negocios turbios que le dan vida a la invasión, que de esta manera cuenta con los elementos necesarios para progresar y decirle a adiós a la pobreza, a costa de la violación de la ley y el orden.
Mientras todo esto sucede a pocos kilómetros de la propia capital departamental, el Estado brilla por su ausencia.
Ahora, nuevamente el Indert se expide sobre el caso y rechaza, una vez más, como lo viene haciendo repetidamente, el recurso de reconsideración solicitado por los invasores de Pindó, ratificando en todos los términos la Resolución inicial de la Presidencia del ente “Por la cual se desestiman las pretensiones de la Comisión Vecinal Joaju sobre la finca Nº 5.603 del distrito de Curuguaty, departamento de Canindeyú”.
Los violentos señalan que las tierras ocupadas corresponden a excedentes fiscales, y tras exigir un acuerdo forzado con los propietarios legítimos para la venta al Indert como paso para la tenencia gratuita, reclaman que sean declaradas expropiables.
Según el dictamen técnico correspondiente, ninguno de los pedidos procede porque se trata, en primer lugar, de una propiedad privada no objeta de negociación y, además, los invasores violan flagrante y abiertamente limitaciones establecidas en el Estatuto Agrario, entre ellas la depredación de un bosque protegido.
Datos del Infona, la institución referente de temas forestales, señalan que, hasta el año pasado, los supuestos sintierras han deforestado más de 2.000 hectáreas de bosque natural de valor inestimable, generando daños irreversibles al ecosistema, solicitando al mismo tiempo la intervención de las instancias correspondientes para frenar los abusos.
Sin embargo, nada ha ocurrido después de esto porque las instituciones no han dado señales de vida, mientras el Ministerio Público le hace el coro a la Policía Nacional señalando que no se cuenta en la zona con la cantidad adecuada de agentes para una intervención a gran escala, ante el silencio cómplice del Ministerio del Interior, que mira para otro lado como si las tierras invadidas pertenecieran a otro país.