Marito subió al poder con gran boato y enorme esperanza de cambio para el país, que hoy está postrado y cercado por necesidades, delincuencia e impunidad. Un informe presentado a la CIDH expone la realidad dolorosa del Paraguay actual.
Organizaciones de diversos sectores de la sociedad civil paraguaya se reunieron con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentar informaciones y datos recientes acerca de la grave situación por la que atraviesa la mayoría de la población debido a la violación de sus derechos fundamentales.
Los ejes de la agenda durante la reunión estuvieron enmarcados en la agudización de la crisis en sus diversos ámbitos, el acceso a la salud, el colapso del sistema sanitario, falta de vacunas, medicamentos, equipos médicos, infraestructura y terapia intensiva en el marco de la pandemia del covid, discriminación hacia los pueblos indígenas y población migrante y refugiada.
A más de ello, el enfoque se extendió a temas tan sensibles y preocupantes como el aumento de la violencia, principalmente contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, como también hacia personas con discapacidad y adultas mayores.
Otro punto importante fue el abordaje de la corrupción e ineficiencia gubernamental en cuanto a la utilización de recursos públicos para hacer frente a las necesidades acuciantes de los grupos de población más vulnerables, y las amenazas a la libertad de expresión y de manifestación por parte del Estado paraguayo (rebrote autoritario expresado en persecución a manifestantes, prohibición de manifestación en determinados lugares, represión y persecución judicial a referentes estudiantiles y personas que ejercen su derecho a la protesta, etc).
La situación de los derechos humanos en Paraguay se ha agravado a tal punto en el marco de la pandemia “que estamos a las puertas de un genocidio debido las omisiones y falencias del actual Gobierno nacional en la gestión de la crisis sanitaria, con fuertes impactos sociales y económicos”, señaló Aníbal Cabrera, director ejecutivo de la Coordinadora por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (CDIA).
Participaron de la reunión referentes de las siguientes organizaciones: Decidamos, Base Educativa y Comunitaria de Apoyo (BECA), Centro de Documentación y Estudios (CDE), Kuña Róga; Sunú, Grupo de Acción Intercultural; Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), Alames, Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-Py), Semillas por la Democracia, y la Red de Asentamientos Urbanos junto con Techo, entre otras.
En el caso de la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes, se indicó desde la CDIA que se ha pasado de dos casos por día (registros fiscales del 2010) a 12 casos por día en 2019.
Según informaciones oficiales, entre los años 2017 y lo que va del 2021 un total de 174 mujeres fueron asesinadas (feminicidios) y más de 189 niñas, niños y adolescentes quedaron en situación de orfandad por dicha situación.
Las diversas relatorías de la CIDH expresaron su preocupación e indicaron la importancia de los informes entregados por las organizaciones de la sociedad civil para la labor de monitoreo que van desarrollando en relación al Paraguay.
Valoraron la iniciativa de propiciar la reunión, solicitada por la CDIA y las organizaciones aliadas de la iniciativa, y resaltaron la preparación de los temas y la calidad de las presentaciones, así como la representatividad de diversos sectores de la sociedad civil.
Por la CIDH participaron el comisionado Eduardo Ralón, relator para Paraguay; la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, relatora de Derechos de la Niñez; José Vaca, relator especial sobre Libertad de Expresión, y Soledad García Muñoz, relatora especial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales.