Un policía observa impasible el paso de una camioneta procedente de la propiedad invadida Pindó, mientras un invasor en moto se apresta a ingresar al dominio usurpado. El proyecto de ley de blanqueamiento de tierras irregulares pone en peligro la estabilidad social y el Estado de Derecho en el campo.
El proyecto de ley que busca modificar el Estatuto Agrario tiene como objetivo blanquear posesiones irregulares históricas en beneficio de grandes referentes de la agroproducción que, en su momento, obtuvieron volúmenes importantes de tierra en diversos puntos del país valiéndose de esquemas irregulares, señala un sector radical del campesinado que, llamativamente, pasa por alto el beneficio que la citada ley otorgaría eventualmente a los invasores de propiedades privadas al blanquear el dominio ajeno ocupado.
Con el argumento de que el proyecto en cuestión apunta a beneficiar exclusivamente a sojeros y ganaderos, postergando reclamos de “sintierras”, la Federación Nacional Campesina (FNC) realiza mítines periódicos en diversos puntos del país, en busca de instalar conciencia acerca del tema y levantar apoyo popular a sus reivindicaciones, especialmente el blanqueamiento de posesiones logradas de forma violenta, como ocurre, por ejemplo, con las tierras del establecimiento Pindó en la jurisdicción de Yvyrarovaná, distrito de Canindeyú.
El proyecto de ley tiene media sanción de Diputados y ahora está a consideración del Senado, donde operan con fuerza referentes conocidos que hacen apología de la violencia como recurso para la obtención de tierras, entre ellos el propio presidente de la Comisión de Reforma Agraria, Pedro Santacruz, acompañado de Hugo Richer y Sixto Pereira, quienes fueron vistos en la propiedad ocupada de Pindó haciendo arengas a los invasores e instándoles a seguir con las ocupaciones en la seguridad de que tendrán apoyo político y logístico.
La invasión de Pindó inició en el 2012, y actualmente, 9 años después, lejos de que el Estado reintegre a sus dueños legítimos la propiedad usurpada, se mantiene de brazos cruzados haciendo transcurrir el tiempo para la consolidación de la ocupación y el saqueo inmisericorde de la valiosa reserva de 4.200 hectáreas de bosque virgen que hoy día, según informes del Infona, ha sido depredada en un 50 por ciento, continuándose de forma sostenida al ecocidio perpetrado con la bendición de políticos oportunistas y facinerosos.
La propuesta de modificación del Art. 88 del Estatuto Agrario señala taxativamente al referirse a los ocupantes de inmuebles rurales: “Los que ejerzan pública y pacíficamente la ocupación de inmuebles rurales en la Región Oriental, patrimonio del Organismo de Aplicación al momento de la promulgación de la presente Ley, y que no sean considerados beneficiarios, por única vez, tendrán derecho a adquirir la fracción ocupada”.
El cuerpo legal rechazado por el sector campesino es el «Proyecto de Ley que modifica y amplía la ley N° 2531/04, que modifica el artículo 16 de la Ley N° 2002/02, que modifica varios artículos de la Ley N° 1863/02, y los artículos 17, 58, 90 y 93 de la Ley N° 1963/02 que establece el Estatuto Agrario, la Ley N° 5881/17 que modifica el Artículo 56 de la Ley N° 1863/02 que establece el Estatuto Agrario modificada por las leyes N° 2002/02 y 4988/13, y que modifica y amplía los artículos 19, 20, 26, 47, 49, 59, 74, 88, 95, 106 y 108 de la Ley N° 1863/02».
Durante la pandemia, y en medio de las restricciones sanitarias y sociales, sectores productivos pidieron el año pasado la creación del Sistema Nacional de Catastro Registral (Sinacare), para regularizar tierras irregulares que, eventualmente, beneficiarán de igual manera a quienes se han apoderado de propiedades privadas mediante el uso de la violencia y amenazas propiciadas, alimentadas y apadrinadas por políticos a cambio de lealtad y votos.