El flamante miembro del Consejo de la Magistratura Pedro Santa Cruz (izquierda) aparece en Pindó, propiedad privada invadida desde el 2012, acompañado de sus colegas Hugo Richer y Sixto Pereira. «El zorro cuidará del gallinero», postean indignados sobre el premio otorgado al defensor de invasiones.
En un hecho que marcó tendencia por el peligro que representa para la democracia y el Estado de Derecho, el senador del Partido Democrático Progresista (PDP-socialista bolivariano), Pedro Santa Cruz, fue ungido miembro del Consejo de la Magistratura, una instancia clave del Estado encargada, entre otras obligaciones, de nombrar jueces de la República y establecer juicios de valor que, en su caso, podría derivar en la destitución de magistrados acusados de mala praxis.
“Le pusieron a un zorro a cargo del gallinero”, afirman indignados a través de las redes sociales, tras viralizar juicios de valor contra el cuestionado sistema de elección de integrantes del Consejo de la Magistratura, que según los papeles debería estar integrado por profesionales íntegros y probos, de experiencia intachable, pero en la práctica se ha demostrado que, lejos de su compromiso con la justicia, se ha prestado a intereses sectoriales o particulares.
La ciudadanía se pregunta, aún a sabiendas de su conocimiento pleno, qué méritos ha acumulado el senador Santa Cruz para ocupar un curul destinado a profesionales dignos e intachables -que a la hora de la verdad impongan juicios ajustados a la razón y al derecho- que, sin embargo, ensombrecen una institución con millones de presupuesto al solo efecto de calentar sillas y, en la eventualidad, establecer opiniones y sentencias arbitrarias.
Propietarios del establecimiento productivo Pindó, del distrito de Ybyrarovaná (Canindeyú), repudiaron el nombramiento del senador bolivariano y señalaron que, más que nunca, la posibilidad de recuperar la propiedad privada está complicada.
“Estamos aferrados a la Constitución Nacional en medio de este despropósito en que le han nombrado a un enemigo de la democracia en una instancia clave del poder”, afirmó enérgica la abogada Margarita Colmán, representante legal de Pindó.
Explicó que la agroganadera se encuentra invadida desde el 2012, y en todo este lapso la justicia se ha mostrado incapaz de hacer cumplir las leyes que consagran la propiedad privada y la seguridad jurídica en toda la República.
“Incontables recursos jurídicos que hemos presentado en todo este tiempo duermen en la justicia, que no se anima a echar mano del respaldo constitucional para proceder al desalojo de los violentos, que se han parapetado en el lugar con la bendición complaciente de las propias autoridades, entre ellos el senador Santa Cruz”, afirmó la abogada.
Añadió que Santa Cruz “ha mostrado abierta admiración por esos delincuentes e incluso les sugirió continuar en la tierra ajena hasta que logren alguna medida favorable, como la remanida ‘expropiación con fines sociales’ que, en este caso, se trataría de convalidar un acto criminal porque en Pindó no solo han depredado la naturaleza boscosa sino se dedican abierta e impunemente al saqueo, el abigeato y el cultivo de marihuana, entre otros delitos”, recalcó la profesional.