El senador Hugo Richer es visto en la propiedad privada Pindó invadida por falsos campesinos sin tierra, donde arenga a los violentos a continuar en las tierras ajenas para lo cual cuentan con la bendición de la izquierda parlamentaria. Por acciones como estas el país está a merced del caos y la criminalidad.
El Estado paraguayo, a través de falsos representantes de la ley, acaba de ofrecer un espectáculo degradante con el rechazo del proyecto de ley que busca criminalizar las invasiones, recurriendo a argumentos tachados de excusas por sectores productivos y propietarios afectados, que ven en la actitud de algunos senadores de la nación una entrega explícita de lealtad ante el embate declaradamente ofensivo de violentos que viven del trabajo, la inversión y el esfuerzo de los demás.
“Estamos durmiendo con el enemigo”, disparó un productor este viernes, luego de que salieran a la luz pública detalles de la postergación del tratamiento del proyecto de ley en cuestión, que tiene como protagonistas de número a referentes del luguista partido Frente Guasu y adláteres que ven en la unidad de la corriente socialista una excelente ocasión de lucro, votos y enriquecimiento ilegítimo.
De acuerdo a los datos, la confluencia de proyectos del mismo tenor a consideración del Congreso nacional motivó la suspensión del estudio y análisis del proyecto, madurado, entre otros, por el senador Fidel Zavala, aunque este argumento necesariamente debía presentarse mucho antes, durante la etapa de consideración en la comisión correspondiente, dominada por izquierdistas amigos de invasores.
Campesinos radicales ideologizados mantienen actualmente en su poder una centena de propiedades privadas, algunas de ellas convertidas en búnqueres de delincuencia y criminalidad, donde la ley es letra muerta y donde las autoridades ofician de cómplices y encubridores, convirtiéndose en amigos y protectores.
Tal el caso de la agroganadera Pindó, del distrito de Yvyrarovaná, en el departamento de Canindeyú, que se encuentra invadida desde hace 9 largos años, lapso en el cual los violentos arrasaron con la vegetación nativa protegida de más de 4.000 hectáreas, generando ingresos espurios por valor de 10 millones de dólares según los propietarios, a más de dedicarse a otras actividades lucrativas como el abigeato y la producción extendida de marihuana con la vista gorda de la Fiscalía y la Policía.
En iguales o peores condiciones se encuentran decenas de invasiones, todas con la misma característica de impunidad y vía libre para la práctica de variados tipos de actividades ilícitas, en medio de la brillante ausencia del Estado.
El próximo jueves volvería a tratarse el proyecto de criminalización de las invasiones, aunque existe fundado temor de que este tiempo de pausa sería aprovechado por los violentos y sus padrinos políticos enquistados en el Congreso para ejercer fuerte presión a través de diversos medios y métodos, entre ellos las manifestaciones y cierres de rutas, que siempre han tenido saldo positivo para los violadores de la ley, a costa de la población saludable y productores que piden paz y respeto a la Constitución Nacional, en este caso a la propiedad privada, en consonancia con el Estado de Derecho y la seguridad jurídica de la nación.