La Policía es artículo decorativo en Pindó, donde ocasionalmente aparece no se sabe para qué, mientras 5 órdenes de desalojo duermen en el Ministerio del Interior. La izquierda amiga hace frente común en el Congreso para «legalizar» las invasiones.
La carpa opositora en el Congreso Nacional logró incorporar en el Orden del Día de la sesión ordinaria de este jueves 28 de octubre el tratamiento del proyecto de expropiación de la estancia Pindó, en el distrito de Yvyrarovaná (Canindeyú), invadida con brutal violencia en el 2012 durante el gobierno de Fernando Lugo, y que se mantiene en poder de los supuestos sintierra bajo la denominación de Comunidad 1º de Marzo Joaju.
De acuerdo a datos recabados por el diario La Mira, senadores alineados a la defensa de la propiedad privada y el Estado de Derecho que rigen en la República del Paraguay sostienen que se trata de una embestida ilegítima, totalmente de contramano a la Constitución Nacional que consagra el respeto a la propiedad privada.
“Todo vale a la hora de cazar votos”, expresó una fuente del Senado tras explicar que la izquierda unida a las invasiones busca desesperadamente resonancia nacional teniendo en frente las próximas elecciones presidenciales del 2023 y las expectativas deprimentes que exponen los guarismos paupérrimos cosechados en las recientes municipales, donde intendentes y concejales de partidos tradicionales tachados de derecha ganaron en el 95 por ciento de las localidades en disputa, incluida la mayor fuente de votos que es Asunción.
En vez de perder más tiempo en investigar el origen legal de las tierras de la agroganadera invadida debido a la concluyente exposición documental que certifica la condición de propiedad privada del establecimiento Pindó, en el marco de un contrato de compraventa con el Estado paraguayo registrado en 1965, senadores buscarán hacer lugar a un nuevo proceso judicial encuadrado en el nuevo Código Penal que castiga con severas penas las invasiones y otros tipos de violencia contra la propiedad privada, satanizada por la oposición de izquierda como “criminalización de la lucha social por la tierra”.
La oposición representada por Pedro Santacruz (presidente de la Comisión de Reforma Agraria) y los senadores Esperanza Martínez, Pedro Richer y Carlos Filizzola, pide una investigación previa sobre 4.500 hectáreas de Pindó, ofreciendo de antemano supuestos datos oficiales sobre violación del Estatuto Agrario de aquella época.
Referentes de la empresa beneficiada con las tierras sostienen que la propiedad es producto de un acto de trueque, legítimo y consensuado entre las partes, con un avión que, por aquel entonces, necesitaba el gobierno para traslados oficiales.
“Elevamos nuestro pedido al pueblo paraguayo, a las organizaciones sociales y políticas patriotas para expresar su solidaridad a la lucha por la resistencia y a la defensa de la comunidad 1º de Marzo, para seguir exigiendo justicia”, señalan los senadores de izquierda.
En otro frente, políticos y productores buscan poner fin a las invasiones, ocupaciones y cualquier otro tipo de violencia contra la propiedad privada, para lo cual quieren llevar a la práctica el nuevo orden legal que establece penas severas para quienes son hallados culpables de esos hechos.