Los autores de este ataque violento que precedió a la ocupación de Pindó buscan la impunidad con la ayuda de la izquierda empotrada en el poder. La justicia enfrenta una dura prueba y está en juego la paz del país, alertan productores.
Con la fuerte presión política y de ONG’s que defienden la delincuencia en el Paraguay, este miércoles se realiza el extendidamente postergado juicio oral a 4 mujeres acusadas de invasión de inmueble ajeno, en referencia a la violenta invasión de la estancia Pindó en 2012 por parte de supuestos “sintierras” apadrinados por políticos de la izquierda, entre ellos los conocidos chavistas Fernando Lugo, Hugo Richer, Pedro Santacruz y Sixto Pereira, que alegan abrazar la causa de los pobres pero a quienes nunca se ha visto despojarse de sus fortunas personales en favor de los necesitados.
La jueza Sofía Jiménez, titular del Tribunal de Sentencia de Canindeyú, carga sobre sus espaldas la responsabilidad de hacer cumplir las leyes de la República en esta causa penal que data del 2014, y que en todo este lapso ha sido víctima de chicanas y otro tipo de artilugios jurídicos presentados por la defensa al solo efecto de dilatar y lograr la extinción del juicio oral y público, que mantiene en vilo no solo a los propietarios de Pindó sino a toda la comunidad productiva del país.
Mientras tanto, una tensa calma se observaba este martes en el entorno de Pindó, donde los campesinos se han atrincherado en pie de guerra contra el Estado de Derecho, profiriendo amenazas contra todos a quienes consideran “enemigos”, entre ellos la justicia de Salto del Guairá, a la que acusan de actuar en beneficio de “terratenientes y opresores”, una clara retórica de la ideología bolivariana que siguen al pie de la letra, sin un ápice de respeto por las instituciones y autoridades del Paraguay.
De hecho, los campesinos han transformado la propiedad invadida en una tierra liberada con estatu quo propio donde el Estado es considerado enemigo, así como los productores y todos quienes tienen propiedades que, en la particular óptica de los invasores, se tratan de “tierras malhabidas”.
No se conoce, sin embargo, de algún desubicado “sintierra” que haya utilizado este tipo de acusación contra las propiedades de políticos de la izquierda, entre ellos Fernando Lugo, de quien se sabe que es propietario de estancias con ganado de élite, mansiones y fortuna de monto incalculable.
La defensa de los invasores está a cargo de abogados de la Comisión de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), una organización dedicada exclusivamente a dar refugio y amparo a delincuentes, y que es presentada en sociedad como luchadora por la causa de los pobres.
En esta ocasión, Codehupy ha desempolvado nuevamente su maquinaria de presión con fuerte respaldo mediático en busca de lograr la extinción de la causa para sentar antecedente para próximas invasiones, según adelantaron líderes campesinos apadrinados por la izquierda empotrada en el círculo del poder capitaneado por Marito.
“Mañana veremos si se hace justicia en la causa de Pindó, donde está en juego no solo una propiedad privada invadida sino el futuro del Estado de Derecho en la República del Paraguay”, disparó la Dra. Margarita Colmán, asesora jurídica de la estancia violentada, tras señalar que “esta es una buena oportunidad para que la ley se haga respetar y los delincuentes paguen por sus culpas”.