El esquema socialista que impera dentro del «territorio liberado» vulnera todo el sistema de seguridad pública, y permite que los invasores se burlen abiertamente de las leyes del país, ante la miopía cómplice de la justicia y el propio Gobierno de Marito.
Esta semana prosigue el juicio oral y público a cuatro mujeres acusadas de integrar el grupo de supuestos sintierra que invadió la agroganadera Pindó en el 2012 y desde entonces permanece atrincherado con el soporte y ayuda de políticos de la izquierda y ONG’s que, siguiendo la línea de anarquía bolivariana capitaneada en Paraguay por el ex presidente Fernando Lugo, se niega a abandonar la propiedad privada.
“Para el sector productivo, la sentencia de este caso es absolutamente concluyente en el sentido de que a partir de acá se podrá visualizar el destino del Estado de Derecho en Paraguay, que corre peligro de caer en manos del comunismo internacional, presentado en sociedad bajo diversas máscaras con la ayuda de sectores mediáticos”, afirma este lunes un empresario sojero tras hacer causa común con los propietarios de Pindó.
La estrategia de los invasores nada difiere de las chicanas urdidas por autoridades corruptas que, amparadas en la maña judicial y la genuflexión de los mismos jueces, busca la impunidad, en este caso a través de la extinción de la causa.
Para ello, cuentan con el acompañamiento de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), señalada como brazo idóneo de la delincuencia y criminalidad organizadas del país.
Pindó, ubicada en una zona de alto valor inmobiliario de Ybyrarovaná, distrito de Canindeyú, es considera “causa nacional” por sectores agroproductivos, que a partir de la sentencia en la causa a los invasores podrá sacar conclusiones de valor acerca de la calidad de la gestión del Estado, que en todo este tiempo se ha mantenido ausente en ese lugar.
Sucesivas órdenes de desalojo, 5 en total, han sido incumplidas bajo diversos argumentos, entre ellos la supuesta falta de personal policial, vehículos y logística.
Vecinos de Ybyrarovaná opinan que la Policía ha sido suficientemente “trabajada” en todo este tiempo para permanecer ciega, sorda y muda ante los excesos perpetrados a la luz del día dentro del “territorio liberado”, entre ellos casos de abusos contra mujeres y menores de edad.
Añaden que, para los invasores, el resultado del juicio impulsado bajo acusaciones del fiscal Jalil Rachid también es emblemático porque si logran la ansiada impunidad tendrán carta blanca para continuar con el festival de violencia contra la propiedad privada en el Paraguay, poniendo en jaque sumas siderales en inversiones y millares de puestos de trabajo formales.
Mientras estas cosas increíbles están sucediendo en nuestro país, el gobierno de Mario Abdo Benítez continúa totalmente ajeno a la situación, anestesiado por sectores retardatarios y aduladores que buscan sacar la “mejor versión” de Marito para mantener el esquema de privilegios y ventajas que les reditúa beneficios personales, familiares e ideológicos.