Cualquiera diría que Marito está haciendo una reflexión profunda sobre el desastre de su gobierno, cuando ya colocan a Paraguay en otra lista negra por el bandidaje a gran escala que eleva la inseguridad a niveles extremos.
Con la alerta prioritaria del covid 19, que se ha disparado con cifras de contagios y muertes, y la inseguridad con su saldo diario de robos, asaltos y sicariato registrados en Paraguay, el Gobierno de Estados Unidos ha lanzado el Nivel 4 de seguridad para sus ciudadanos, en este caso la prohibición de realizar viajes a nuestro país, y más específicamente a departamentos conocidos por su dinámica con el tráfico de drogas y de armas, y otros tipos de actividades ilícitas con fuerte participación de grupos criminales organizados.
“Los elementos delictivos transnacionales están activos y se dedican al tráfico ilícito de armas, estupefacientes y mercancías en estos departamentos, que se encuentran a lo largo de la frontera nororiental de Paraguay con Brasil. La presencia policial es limitada. El personal del gobierno de los EE. UU. debe avisar con anticipación cuando viaje a estas áreas”, señala el informe oficial.
Hace referencia explícita a los departamentos de Amambay, Canindeyú, Alto Paraná, San Pedro y Concepción, marcadas en negro “por delincuencia”.
Con relación al covid, avisa que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) emitieron un Aviso de Salud para viajes a Paraguay de Nivel 4, lo que indica un nivel muy alto de peligrosidad.
Se desconoce algún tipo de reacción del gobierno paraguayo con relación al informe, en medio de la aspereza política generada por el juicio político al ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, quien enfrenta este viernes el banquillo de acusado precisamente por la inseguridad reinante en el país que colmó la gota con el tiroteo del pasado domingo en el anfiteatro de San Bernardino con el conocido saldo de muertos y heridos que develó el grado de ineficiencia de la Policía Nacional y los organismos de inteligencia y sacó a luz, una vez más, la connivencia y complicidad de la fuerza pública con las organizaciones criminales.
Mientras todo esto ocurre, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se mantiene en su termo blindado por aduladores y demuestra una vez más incapacidad supina para resolver conflictos, continuando de forma indefinida el estatus quo sin sobresaltos con el respaldo de medios amigos.