Sesión de este viernes de la Cámara de Diputados donde debía tratarse puntualmente el pedido de juicio político a Giuzzio, pero se desarrolló en medio de tiroteos verbales con intereses proselitistas, ninguneándose el clamor lastimero del pueblo por garantías a la seguridad pública.
Como si la vida de los paraguayos no estuviera en bandeja con cada día que pasa sin que el gobierno se mueva, la sesión de la Cámara de Diputados de este viernes donde se desarrolló el anunciado juicio político al ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, se convirtió en una caldera hirviente de disparos verbales, donde los oradores no desaprovecharon la oportunidad para llevar agua a su molino, pasando olímpicamente por alto la grave responsabilidad que pesa sobre el protegido de Marito en garantizar la seguridad de la República.
“Es lo más parecido a un circo”, disparó un indignado mientras asimilaba el tenor de las presentaciones de cada uno de los oradores de la sesión extraordinaria tras explicar que el único punto del orden del día era el tratamiento y sanción del pedido de juicio político a Giuzzio, que finalmente fue llevado por otros ámbitos.
Los oradores se expresaron en términos sensibles sobre el tiroteo del pasado domingo en el festival musical de San Bernardino y extendieron sus condolencias a familiares de la fallecida Cristina “Vita” Aranda, y después hablaron sobre la necesidad de realizar reformas urgentes en la Policía Nacional y el mismo Ministerio del Interior debido a que, según opinaron, faltan establecer responsabilidades puntuales y castigos más severos, entre otros puntos.
“La ley de la Policía Nacional no presenta mayores contratiempos a la hora de realizar un buen trabajo. Lo que falta en esa institución son agentes y autoridades patriotas que respondan al compromiso asumido como defensores del orden público y dejen de prestarse a los lucrativos intereses del crimen organizado y de personas solventes que con dinero todo lo solucionan”, apostilló Rodrigo Cálcena Orué, uno de los innumerables descontentos con la gestión estatal en materia de seguridad.
Como es habitual, la diputada liberal Celeste Amarilla pasó por alto la grave inseguridad de la República para concentrar su artillería verbal en la persona del ex presidente Cartes y pidió a sus colegas hacer el esfuerzo posible para sacarlo del camino, acusándole de ser el culpable de los males del país.
Un tema recurrente fue el reclamo de que el libelo acusatorio no fue tal, sino una simple exposición de la situación de calamidad pública generada por la inseguridad, eludiéndose el protocolo que se exige en estos casos, específicamente los casos puntuales objetados, acompañados del respaldo documental de rigor.