La empresa Lomagrandense opera sin licencia y los choferes ofician de «Viceministerio de Transporte» al cobrar caprichosamente los pasajes. Estas son las joyas del servicio que la mafia del sector busca eternizar con la mirada cómplice del gobierno.
En una saga interminable de abusos contra los derechos poblacionales de un servicio digno, la mafia de las empresas de transporte urbano no pierde la oportunidad para marcar presencia, mientras las autoridades del gobierno miran para otro lado para no enfrentarse a estos poderosos farsantes y tiran a los leones a los pasajeros, que deben sortear el día a día haciendo malabares y observando impotentes cómo los organismos públicos y privados de defensa al consumidor se llaman a silencio.
La última novedad de los empresarios del transporte es el anuncio de un posible nuevo aumento del costo del pasaje, con el argumento de que el subsidio al sector no alcanza sino a un mínimo porcentaje de la flota de chatarras compuesta por 1.900 unidades.
A más de ello, y en remanido pretexto, señalan que trabajan a pérdida pero, sin embargo, ninguna de las empresas del sector ha intentado siquiera hacer una presentación de estado de quiebra, con lo cual queda patente que el negocio históricamente marcha sobre ruedas y que los perjuicios expuestos son nada más que la exposición clásica de la victimización como fórmula para ablandar corazones.
Se sabe que los transportistas presentan ocasionalmente, como argumentos documentales para justificar la suba del boleto, un listado interminable de gastos que, según se ha comprobado, está lejos de ajustarse a la realidad, como por ejemplo el cambio anual de neumáticos, que para los propios choferes es motivo de risa con cada consulta periodística y la visualización a simple vista del estado calamitoso de las desgastadas cubiertas, que se suman al estado general desvencijado de estos verdaderos ataúdes motorizados.
“Sinvergüenzas lo que son”, afirma este martes el indignado Celso Raúl Martínez al leer en los periódicos la intención dolosa de los trasportistas, y llamó la atención sobre el silencio sepulcral del gobierno.
En su momento, concejales municipales lanzaron la idea de invitar a corporaciones extranjeras a participar de eventuales llamados a licitación para cubrir vacancias en el servicio de transporte colectivo urbano de Asunción y el área metropolitana, pero la propuesta informal quedó en la intención por la rápida intervención de la mafia del transporte que logró aventar “el peligro” y nunca más se habló del tema, manteniéndose el estatu quo de liderazgo absoluto del mismo equipo de transportistas como dueño y señor de los itinerarios y, fundamentalmente, del costo elevado del boleto que, según expertos, en ningún caso se compadece de la pésima calidad del servicio.