El titular de Petropar y comodín del gobierno aparece sonriente, como si celebrara los costosos honorarios de asesores de oro que deberá pagar la ciudadanía en plena campaña electoral por un inútil «estudio de prefactibilidad» de gas natural.
La ciudadanía observa con fundado temor, basado en antecedentes próximos de este gobierno, acerca de un posible nuevo esquema de robo de recursos públicos -una constante en plena pandemia- por parte del gobierno de Abdo Benítez y su sucursal ideológica Fuerza Republicana, esta vez de la mano de Petropar con la licitación internacional para un sospechoso “servicio técnico para elaboración de un estudio a nivel de prefactibilidad para determinar la demanda de gas natural de la República del Paraguay y la evaluación de alternativas de suministros”, según el pliego del proceso en ciernes que estaría totalmente dirigido, reconocieron informantes de la misma petrolera estatal, fuente histórica de corrupción impune.
“La cuestión de fondo no es precisamente la naturaleza y objetivo del estudio de prefactibilidad, sino los G. 6.000 millones, que no se tienen, para pagar a consultores, presentados como adalides en cuestiones petroleras que seguramente se prestarán gustosos a la maniobra que está haciendo el gobierno en plena época electoral”, esbozó en su sitio social el ingeniero Juan Carlos Pedrozo.
Comentó que Petropar, o sea, el gobierno, antes que tirar a la basura o a los bolsillos de los oficialistas la millonaria suma, debería acudir al servicio gratuito de decenas de técnicos de la misma empresa que vegetan sin hacer nada, en vez de contratar recursos humanos a costo de primer mundo, como si el tema de gas fuera vital para la subsistencia de un país donde abunda la energía eléctrica.
De acuerdo a los datos, manejados como secreto de Estado por la petrolera estatal a cargo del cuestionado “gallo republicano” Denis Lichi, en el listado de expertos de oro figura un técnico en “gasoductos virtuales”, un término inentendible para los mismos funcionarios de Petropar, que también sospechan que se trataría de parte de tecnicismos arteramente ensayados para dar un formato de seriedad y competitividad al proyecto de marras, que según el observatorio ciudadano se trataría de un esquema de robo más de recursos públicos por parte del gobierno, con el valor agregado de que el país está en campaña política y necesita fondos para cooptar voluntades electorales.
En la cruzada recaudatoria también estaría sumergida la oposición, que durante todo el gobierno de Marito no ha hecho denuncias de saqueos de fondos públicos, incluso en el peor momento de la pandemia, cuando presuntamente se vaciaron préstamos internacionales por 2.500 millones de dólares cuyo destino se desconoce.
Hasta el momento, cuestionados opositores funcionales al oficialismo colorado en el poder, como Efraín Alegre, Kattya González y Celeste Amarilla, por citar los peores, mantienen hermético silencio -que contrasta con su habitual verborragia- ante el inminente saqueo en Petropar, al igual que en los casos seriados de licitaciones dirigidas o amañadas en el Instituto de Previsión Social (IPS), con pruebas y evidencias al alcance de la mano.
De hecho, el oficialismo marista-velazquista, en complicidad fraterna con la oposición, ha llevado a la práctica un esquema político con el objetivo común de sacar de en medio la figura de Horacio Cartes, verdadera piedra en el zapato del poder público, que junto con el candidato a presidente Santiago Peña, lideran cómodamente las preferencias electorales para las próximas elecciones, según presondeos de opinión independientes que medios amigos se niegan a divulgar.