En vez de establecer medidas de contingencia que ayuden a bajar los precios de combustibles para los «comunes», el gobierno comienza a pedir «uso racional» del carburante, mientras la opción de valor como el transporte público, es un desastre. (Foto: El Parlante).
Lo último que faltaba. Desde el gobierno, referentes vinculados al negocio de los combustibles recomiendan a la población ajustar la utilización de vehículos particulares para ahorrar combustible en medio de incrementos sostenidos que no encuentran oposición y, mucho menos, medidas paliativas de parte del gobierno nacional que hace tiempo se ha desentendido de los reclamos y necesidades ciudadanas para concentrar su artillería en el tema electoral.
La opción más válida para hacer frente a la suba de los carburantes es el uso del transporte público de pasajeros, que hace años muestra señales de decadencia ante la permisividad del gobierno nacional que no se anima a poner contra la pared a los empresarios inescrupulosos que mercan descaradamente con esa necesidad prioritaria de la población, especialmente los “comunes” que deben ir a trabajar, estudiar o acudir a un centro hospitalario en busca de salud, entre otras actividades de rutina.
De acuerdo a un estudio, al menos el 80 por ciento de los colectivos que prestan servicios en las líneas de Asunción y el área metropolitana no están en condiciones técnicas ni mecánicas para el transporte de pasajeros, con lo cual los viajes se convierten en la mayoría de los casos en trampas latentes para el arriesgado pasajero y, de paso, para terceras personas.
Este caos no es nuevo, ante la desidia de sucesivos gobiernos nacionales de poner freno a la irregularidad, que por recurrente se ha convertido en un verdadero suplicio para la población “común”, que ve impotente y airado cómo el poder se regodea con vales de combustible gratis y otros métodos creados al solo propósito de utilizar ese recurso energético como premio a la ineficiencia y la inmoralidad públicas.