Doña Obdulia llora el secuestro de su hijo Edelio, víctima de la ausencia del Estado en el norte y la ingratitud lamentable del gobierno para enjugar estas dolorosas lágrimas, que se suman al clamor por la libertad de otros dos secuestrados en poder del EPP. (Foto: Noticiero Paraguay).
Han pasado 8 largos años del penoso secuestro del suboficial de la Policía Nacional Edelio Morínigo; otros 6 extendidos años en que el ganadero Félix Urbieta fue arrancado con violencia del seno familiar, y en setiembre próximo se cumplirán 2 años en que el exvicepresidente de la República Oscar Denis entró a formar parte de las víctimas de secuestro en Paraguay.
Ninguno de ellos arrastraba antecedente alguno que provocara semejante reacción contra su libertad, pero aún así cayeron en manos de criminales organizados que marcan la hoja de ruta en el norte y han demostrado en todo este tiempo suficiente capacidad de impunidad, como muestra de los importantes contactos que mantiene la agrupación terrorista con sectores de poder político.
La Constitución Nacional del Paraguay otorga al presidente de la República, en este caso a Mario Abdo Benítez, el rango o jerarquía de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, por lo cual tiene en sus manos la libertad de acción, prevención e intervención en todo lo atinente a la seguridad de la República.
Sin embargo, está visto que a Marito nada le importa la seguridad de la gente “común” porque ha demostrado en los 4 años en que se encuentra en el poder un desprecio terminal por los intereses ciudadanos, que son tirados a los leones en medio de la crisis histórica que enfrenta el país, donde la corrupción echa raíces profundas, sumada a la impunidad y la priorización de intereses personales y sectarios como ocurre con el intento de juicio político a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, víctima propiciatoria de la alianza oficialista-opositora que busca el continuismo y el festín con los fondos públicos.
La Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), constituida supuestamente por oficiales y agentes de elite, fue creada para garantizar específicamente la seguridad en el norte del país, pero nada aporta en medio de la crítica generalizada por succionar más de un millón de dólares mensuales de presupuesto, más armas, equipos y logística que solo sirven como objetos decorativos o de adorno.
Mientras tanto, las lágrimas de familiares de los secuestrados acumulan ríos de dolor e impotencia en medio del eco sonoro del silencio arteramente eludido por el gobierno, que mira para otro lado y facilita larga vida para el terrorismo, en una muestra visible de inutilidad criminal por poner en manos de bandidos la seguridad del país.