El líder del EPP cayó abatido en un fuego cruzado con la FTC, dice el escueto informe oficial. Camaradas del terrorista instalados en la Codehupy repudian el «asesinato» y pasan olímpicamente por alto el clamor de justicia de los familares de secuestrados. (Foto: Diario HOY)
La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), polémica organización de izquierda radicalizada que reivindica el uso de la violencia como recurso ante lo que considera lesivo a sus exclusivos intereses ideológicos, dio a conocer un comunicado con relación al ajusticiamiento de dos “compañeros” del ilegal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), pidiendo al gobierno la investigación y el esclarecimiento de estos “asesinatos”.
En una muestra de discriminación social repudiable, la organización amiga de las dictaduras feroces de Cuba, Venezuela y Nicaragua una vez más no ha tenido en cuenta la sangre de las víctimas de sus “camaradas” epepistas y de familiares que claman justicia, como es el caso más reciente de los secuestrados Edelio Morínigo, Félix Urbieta y Oscar Denis, cuyo paradero es desconocido por el gobierno y silenciado por el grupo criminal que reivindica sus secuestros.
De acuerdo a los informes oficiales, dos indígenas de la zona de Cerro Guazú, departamento de Amambay, y dos miembros del EPP fueron abatidos por agentes de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) desplegada en esa parte del norte del país en un supuesto intercambio de disparos que también generó víctimas, aunque no fatales, en filas de los uniformados.
Para Codehupy, sus camaradas Osvaldo Villalba y Luciano Argüello han sido víctimas de “asesinato”, y al mismo tiempo emite una “advertencia” acerca de la especial vulnerabilidad de los pueblos indígenas, en particular en los departamentos de Concepción y Amambay.
Para la organización que defiende el terrorismo, las vidas de los secuestradores debieron ser resguardadas por el gobierno nacional ante un escenario de conflicto que los coloca en una encrucijada y, en esa línea, también expresa condolencia y solidaridad al pueblo Pai por la caída de dos soldados de esa parcialidad en circunstancias cuyos detalles no se dieron a conocer oficialmente.
Con la firma de Dante Leguizamón como secretario ejecutivo, Codehupy cuestiona al Estado por la crisis de seguridad en el norte del país, y señala que la estrategia utilizada para enfrentar a grupos armados y grupos del crimen organizado ha sido ineficaz, costosa y dañina para muchas familias de la zona.
“La Fuerza de Tarea Conjunta como herramienta para combatir a grupos criminales no es la vía adecuada, pero principalmente sostenemos que se trata de un órgano inconstitucional. Esta fuerza operativa ha implicado el uso de decenas de millones de dólares y más de una década de operaciones cuestionadas, y, sin embargo, no ha resuelto la crisis de seguridad”, añade.
Exige al mismo tiempo una investigación exhaustiva e imparcial que determine las circunstancias de estas muertes y de todas las demás muertes que han quedado sin respuestas claras, “pues las familias de cada una de las personas fallecidas deberían poder acceder a la verdad, la justicia y reparación en los casos que corresponda”, dice el comunicado, que no hace alusión explícita a las víctimas del EPP y familiares que claman justicia.
Culpa igualmente al Estado paraguayo de los “problemas sociales” que, según afirma, constituyen el telón de fondo del cual se aprovechan los grupos criminales para instalar el terror y la inseguridad, vistos con lentes filtrados por la Codehupy.