El coqueteo de Efraín con invasores violentos, como el de la foto donde un funcionario exhibe restos de la estancia Pindó, provoca duda existencial en medios aliados a Marito.
El soporte mediático afín al oficialismo abdista en el poder enfrenta una crisis existencial debido a la situación particularmente irritante que se presenta con el flirteo político del candidato a presidente de la República por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, y la izquierdista Federación Nacional Campesina (FNC), que reivindica la invasión de la propiedad privada como fórmula rápida y práctica para la tierra propia.
Efraín opera como propietario putativo de los grandes holdings de prensa nacionales, donde interviene a placer y voluntad.
Como el efrainismo oficia de hermano siamés del abdismo en el gobierno, los medios amigos se enfrentan a la disyuntiva de seguir apoyando al impresentable opositor o, fieles a su antigua retórica, deciden ponerles nuevamente la cruz a los invasores, entre ellos referentes fundamentalistas de la violencia zurda protegidos por políticos enquistados en el Congreso Nacional que mantienen latente el cordón umbilical movidos por el interés electoral.
En otras épocas, el líder liberal defendió a capa y espada el respeto a la propiedad privada consagrada en la Constitución Nacional, pero con el paso del tiempo, y en vistas a sucesivas y duras derrotas electorales, decidió dar un golpe de timón y sin muchas vueltas traicionó los valores de su partido para flirtear con la izquierda caviar en busca de salvación.
Ahora, acaba de firmar un acuerdo electoral con los invasores de tierras, en una decisión que, para entendidos políticos, acabará definitivamente con sus alegres escarceos presidenciales.
Los medios amigos, por su parte, se encuentran en la incómoda situación de rectificar rumbos en favor de la ley, en este caso el respeto a la propiedad privada, o en caso contrario mantener su alianza implícita con violentos y delincuentes organizados, con todas las consecuencias que esta situación puede acarrear al Estado de Derecho y la libertad pública direccionada por la ley.