El esclavo político de Efraín arremete con furia en el Congreso Nacional durante el incendio terrorista que, 6 años después, permanece impune por la acción y omisión de la alianza abdista-opositora y mediática afín que tienen del cogote a la justicia.
Este 31 de marzo se cumplen 6 años del criminal ataque al Congreso Nacional de parte de liberales efrainistas y de otras organizaciones políticas que tras una serie de medidas de protesta en las calles de Asunción remataron su descontento con el ilegal intento de reelección presidencial concentrándose en masa frente al edificio céntrico del Congreso Nacional que lo atacaron con palos y piedras, acabando incendiándolo y dejando un perjuicio material y criminal que no es castigado hasta hoy, mientras los culpables se ríen de la ley y en asociación solidaria arremeten contra el enemigo común manteniendo pendiente sobre la justicia la daga del cháque o la intimidación.
Ningún intento por poner en el banquillo a los acusados del caso, etiquetado como “terrorismo”, pudo avanzar más allá de tímidos intentos por tratar de hacer justicia, debido a la acción dominante de la oposición y el oficialismo abdista, que coincidían en tildar a los incendiarios de “héroes” con la ayuda mediática amiga ante una justicia cooptada que nunca se animó a hacer su trabajo e investigar el caso, a pesar de constituir un atentado grave contra un poder del Estado que la ley castiga con severas penas carcelarias.
Un pusilánime intento por tratar de poner entre rejas a culpables del atentado terrorista expuso ante el país y el mundo la figura de Patrón Stiben, servil y rastrero a los intereses de Efraín Alegre, dueño del torniquete que logra mantener a raya a fiscales o jueces que pretendan molestar a su esclavo político, y de esa manera la causa permanece herméticamente cajoneada.
La alianza abdista, opositora y mediática afín ha instalado en todos estos años un cerrojo inexpugnable en la justicia así dominada, mientras el caso del incendio criminal del Congreso Nacional del Paraguay permanece impune, así como el crimen de Rodrigo Quintana, joven liberal acusado de pertenecer a la horda incendiaria de Efraín.
Este caso ha sido totalmente politizado, distrayéndose con artimañas y cantos de sirena su obligado perfil jurídico.
Jóvenes activistas liberales y ciudadanos indignados filmados y fotografiados mientras destruían abiertamente el símbolo de la Patria hoy día gozan en libertad, dejando una impronta de terrorismo que ni una sola autoridad de Estado o de gobierno ha intentado corregir en todo este tiempo, cuando los aliados abdo-efrainistas-mediáticos buscan rematar su asociación solidaria sacando réditos electorales en el último tramo proselitista rumbo a las elecciones generales del 30 de abril.
Indignados sociales, políticos y jurídicos se manifiestan este viernes sobre el incendio del Congreso Nacional, entre ellos el abogado Juan Sosa, especialista en Derecho Penal, quien criticó la impunidad en el caso en una entrevista del diario La Nación.
“Nunca pudimos tener un análisis libre de contaminación política porque aquí existió un daño, existió una institución que fue agredida, existieron personas que lo hicieron adrede, existieron personas que lo hicieron con intenciones de generar una situación de caos y existieron políticos financiando eso”, afirmó.
Añadió que “nunca se llegó a ellos, solamente se llegó a los primeros eslabones de la cadena, pero nunca se llegó a los que instigaron y financiaron este escándalo jurídico y este daño patrimonial al Estado”.
“No solamente fue atacado lo edilicio, sino la propia institucionalidad cuando se logró una situación que nunca antes en la historia paraguaya hemos tenido, que es quemar un símbolo de uno de los poderes del Estado”, apuntó el profesional de Derecho.