Una imagen patética sin visos de solución en el país, dominado por la mafia del transporte. Marito regaló hasta ahora G. 100.000 millones en subsidios a los transportistas quienes, a cambio, someten a los usuarios a un diario viacrucis.
En un aparente arrebato de ira, la senadora de izquierda Desirée Masi salió a disparar munición gruesa este jueves contra la mafia de las empresas de transporte urbano de pasajeros de Asunción y el área metropolitana apuntando contra los millonarios empresarios a quienes acusó con términos descalificadores, usual en el Congreso nacional del Paraguay donde priman los intereses políticos por encima del interés general de la Nación.
“Estos hijos de puta se ríen de la gente que debe ir a trabajar, estudiar y hacer tantas cosas en el único medio de traslado que tienen su alcance”, dijo, tras señalar que se trata de una “actitud criminal” que debe tener debida sanción sin más pérdida de tiempo, teniendo en cuenta los perjuicios en cadena a que son sometidos los ciudadanos y el propio país.
A su turno, la diputada opositora Kattya González no desaprovechó el momento para despotricar contra la “mafia del transporte” y exigir las urgentes medidas correctivas de parte del Gobierno que, hasta el momento, mantiene silencio cómplice e incluso le ofrece una mano generosa a los transportistas prometiendo unidades de refuerzo para satisfacer la demanda.
Largas filas de usuarios pueden notarse estos días en las paradas de micros debido a la regulada de los colectivos.
Los empresarios no dan la cara y los pasajeros potenciales deben hacer malabarismos para sortear el problema y poder llegar a sus lugares de destino de alguna forma, incluso con el uso de las plataformas de transporte privado, que por su lado aprovechan la situación para alzar caprichosamente el precio del servicio, según denuncias.
Indignados que evacuan su contrariedad por la situación declarada coinciden en cuestionar a los parlamentarios, especialmente a quienes hoy se rasgan las vestiduras por la situación, afirmando que nunca antes se opusieron a los millonarios subsidios otorgados por el presidente Abdo Benítez sin la debida contraparte documental, como ser estudios técnicos y justificaciones debidamente contrastadas.
“Los transportistas constituyen la casta mafiosa más antigua, descarada e impune que existe en el país, y ningún gobierno se ha animado a ponerles freno sino se han arrodillado ante sus pretensiones hambrientas, dejando parados a los usuarios de a pie, en una muestra de insolvencia criminal de las autoridades y de los propios parlamentarios que lanzan alaridos de protesta solo cuando hay intereses de por medio”, postea este viernes Rolando Perinciolo, uno de los miles de indignados que ponen en tela de juicio el nuevo viacrucis que enfrentan los sufridos y nunca reivindicados usuarios del transporte público urbano.